DESENCUENTRO.

Desde el 2007,  la oposición en el Congreso ha querido, ha querido y ha insistido, en sentar en comparecer a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado. Año tras año y sexenio y tras sexenio.

Cada año ambas dependencias acompañan al titular de la Secretaría de Gobierno en turno, para presentar sus resultados del Informe de Gobierno.  Fuera de este momento, cuando el término “llamar a comparecer” se menciona, se encienden todas las alarmas como si “comparecer” fuera someter a un secretario ante un pelotón de fusilamiento. Nada tiene de extraordinario que un funcionario comparezca, que explique, aclare dudas, responda preguntas y regrese a su trabajo. Sea titular de Seguridad, Pesca, Educación, Fiscal, o Protección Civil. Da igual.

Quien en los últimos cinco años había insistido varias veces en hacer comparecer al Secretario de Seguridad Pública había sido el diputado de Morena, Manuel Zavala. En 2012 una y otra vez llevó el tema a la tribuna, la mayoría de los diputados del PRI, de aquella Legislatura, defendían a Jackson Villacís, entonces titular de Seguridad Pública. Tanto lo defendieron, que la propuesta de Zavala no prosperó. Argumentos y contra argumentos para dejar constancia que no era necesario.

Recientemente quien más había insistido con el tema era el presidente de la Comisión de Seguridad y Protección a la Comunidad, el panista Eliseo Fernández. Una y otra vez cuestionó los resultados de las estrategias de seguridad.

En el auditorio silencio total. A diferencias de otras Legislaturas, donde es natural que los diputados defiendan a su gabinete, todos los diputados del PRI hacían silencio ante la carretilla de cuestionamientos de Eliseo. Excepto el diputado y presidente del partido, Ernesto Castillo. Una y otra vez Castillo fue el único que se enfrentó con Fernández.

¿Qué lógica impera en la fracción del PRI del Congreso? Desde hace meses Fernández trae el tema de seguridad y no hay en la bancada priista una respuesta contundente. Hasta el propio gobernador, Alejandro Moreno, acudió al Congreso, a principios de mayo, y aprovechó para respaldar a Ernesto Castillo ante los cuestionamientos del diputado panista. Mientras  el resto de los diputados del PRI veían con indiferencia olímpica el tema abordado por el Eliseo, quien traía el asunto como agenda personal porque no era un acuerdo de su bancada.

Finalmente el Congreso aprobó por unanimidad citar a una reunión a los titulares de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado tras el exhorto del diputado. A puertas cerradas, durante cuatro horas, se reunieron en la sala Maria Lavalle Urbina los integrantes de varias comisiones del Congreso el viernes desde las 9:30 de la mañana y hasta pasado el mediodía. Reducido a una reunión de intercambio de información para revisar la estrategia. Guste o no, el Nuevo Sistema de Justicia Penal es de orden federal y el Congreso local poco puede hacer.

Al llegar a la sede legislativa, el titular de la SSP, Jorge Argáez, aseguró que siempre ha atendido las peticiones de los diputados, quienes pueden seguir contando con él. Lo que quedó claro fue que es Argáez quien que no puede contar con los diputados.

Si más del 50% de los legisladores del PRI, incluido su líder de bancada, está en campaña, ¿quién los hace entender que el Congreso no es un cine?

LA COMPUTADORA.

Como cada regidor, Hermilo Arcos tenía su oficina en el Ayuntamiento de Carmen. Cuando falleció a finales de noviembre a sus colaboradores cercanos no les permitieron, los primeros días, entrar por sus pertenencias personales. Cuando lo hicieron finalmente, accedieron a cerrar su correo personal que lo había dejado abierto y a levantar sus cosas.

Su computadora era la CECR26178, que fue asignada al regidor suplente. En abril pasado notificó a la Coordinación de Informática que su equipo tenía problemas. Fue trasladado a esas oficinas al responsable del área Haryl Kenny Sánchez, quien días después presenta una denuncia ante la Comisión de Vigilancia del PAN porque había encontrado supuestos archivos sobre las elecciones internas del PAN de agosto del 2016.

En total tres listas donde se especifica quiénes habían votado y cobrado. Hermilo Arcos había participado como aspirante a Secretario General en esa elección, como parte de la planilla de Yolanda Valladares, quienes terminaron ganando la mayoría de los votos.

Luego de 16 impugnaciones desde que inició el proceso, el senador Jorge Luis Lavalle solicita a través de la Dirección de Transparencia los documentos encontrados en la computadora de Hermilo para presentar una impugnación más. Con las listas busca que un tribunal acepte  que hubo coacción y compra de votos.

Hay varios hilos sueltos que no parecen resistir argumentos: 1-El Coordinador de Informática del Ayuntamiento no tiene autoridad  jurídica para probar que los documentos los extrajo de esa computadora; 2-La computadora debió permanecer bajo custodia del Ministerio Público si se presentaría como prueba; 3-No existe un dictamen de un perito informático de la Fiscalía que pueda, hasta ahora, confirmar cuándo fueron realizados esos documentos; 4-El Tribunal aceptará o no las listas impresas como pruebas supervenientes y 5-¿Dónde está la computadora?

Las hojas aparecen nueve meses después de la elección, cinco meses después de la muerte del regidor y a solo días que Valladares destapara al diputado Baudelio Cruz, y el regidor Jorge Nordhausen para la alcaldía de Carmen del 2018, sin mencionar al actual alcalde que tendría  posibilidades de reelegirse.

REPERTORIO.

Para los que ocupan cargos de diputados o alcaldes que buscan reelegirse por otro partido si el suyo no les da la oportunidad: El tiempo para poder saltar ya concluyó. La Ley contempla que para que que un servidor público pueda ser reelecto para el mismo cargo por otro partido, debe renunciar al partido que lo postuló un año y medio antes de concluir su mandato. El 1 de mayo se venció el plazo. De nada.