En Campeche hay 4,000 empleados federales de confianza de los que se quedarán sin trabajo unos 2,800. Algo así como unos 70 delegados y más menos unos 120 subdelegados que también tendrán que ver en qué se ocupan.
Esos despidos tendrán que sumarse a los más de 30 mil que expulsó Pemex al cerrar casi por completo operaciones en Ciudad del Carmen en los últimos cuatro años.

Se preguntará el lector cómo podría la entidad levantarse de ese tamaño de desempleo y de esa reducción de ingreso en una entidad en la que prácticamente no hay iniciativa privada ni opciones de ingreso alejadas de los tres niveles de gobierno.

La primera pregunta que viene a la cabeza es quien será el responsable directo de los despidos y al ser todos ellos empleados federales, pues la única respuesta es que el gobierno federal al que dejarán de prestarle sus servicios, pero los afectados serán todos los campechanos porque algo así como 12 mil personas –consideremos que esos más de 3,000 despedidos sostienen a familias de cuatro miembros promedio- tendrán liquidación, pero se quedarán sin ingreso quincenal.

¿De qué les servirá su liquidación? Puede que de mucho a unos y de nada o de muy poco a otros. Algunos podrán irse de Campeche, empezar con esa liquidación un negocio en otra ciudad porque los niveles de crecimiento económico de la entidad caerán en un franco receso.

Los que se queden aquí pues tendrán que ingeniárselas para sostenerse porque el dinero que reciban no les servirá para siempre y los menos, queremos pensar, demandaran por el despido y se irán a tribunales en juicios que durarán años y en cuyo transcurso se quedarán sin ingreso y sin servicios médicos.

Todo lo anterior sin tener un proyecto más o menos que identifique el costo beneficio de la medida, pero servirá para adelgazar el aparato burocrático y sería a mediano plazo un ahorro para el gobierno federal. Ese ahorro será a costa de los despedidos y sus familias.

Sin embargo, las buenas noticias nos dicen que Ciudad del Carmen tendrá una posibilidad de resarcir ese daño provocado por el despido generalizado en la isla luego del cierre casi total de Pemex y de varias empresas que dependían de los servicios que prestaban a la paraestatal.

Dice Jesús Silva Herzog Marques en su reciente artículo de Reforma: “Detrás del llamado a la austeridad se revela una convicción patrimonialista que no puede ser anticipo de buena gestión. El Presidente decide qué hacer con la casa presidencial como si ésta le perteneciera. El Presidente decide vender el avión presidencial sin examinar si esa operación es una forma razonable de cuidar los recursos comunes o, más bien, un despilfarro. El Presidente decide a dónde enviar las oficinas públicas como si fueran piezas de su ajedrez. Estamos en presencia de un nuevo experimento patrimonialista. Por sus primeros gestos, López Obrador se acerca a la administración pública como un hacendado se relaciona con sus peones. Puede tronar los dedos y reducirles el salario. Puede deshacerse de ellos si le da la gana.

Puede cambiarles el horario del trabajo de un día para otro sin que importe mucho lo que dice la ley. Moviendo un dedo ordenará a sus criados que empaquen sus cosas y se trasladen a la otra punta del país. Si rompen sus familias, si pierden oportunidades de educación para sus hijos, si las mujeres tienen una desventaja adicional, si el cambio significa una merma económica para el servidor público le tiene sin cuidado. El peón debe, ante todo, demostrar su lealtad. Aunque se dé ínfulas de cartujo, López Obrador ejerce un liderazgo patrimonialista que, seguramente, terminará siendo una nueva fuente de derroche, ineficiencia y corrupción”.

La visión del analista pareciera una premonición de lo que pasará en un país que regresaría a las épocas en que era la hora que el Sr. Presidente decía. Confiemos en que no será así y que lo que le ha dicho Rocío Nahle al gobernador Alejandro Moreno será una realidad. Mientras tanto, valdría la pena que todos pusieran sus barbas a remojar y que Campeche entienda que todo el país vivirá una realidad diferente.

Al menos, aquí la representante del gobierno federal será una mujer que, nos aseguran, no querrá ser candidata por no tener arraigo en Campeche y eso quizá sirva para que su trabajo lo haga lo mejor posible, sin fobias ni filias. No adelantemos vísperas.