Vaya que será un cierre de mucho movimiento para muchos. El simple anuncio de la inhabilitación por 10 años a por lo menos tres funcionarios públicos de la administración pasada y la sanción a otros 20 deja claro que cuando el río suena…

Las cosas de las que nos hemos enterado en el caso del Instituto del Transporte, donde se refiere que funcionarios habrían usado el cargo para agenciarse una decena de concesiones, nada distinto a lo que se hizo antes; la de Obras Públicas que aunque no dicen nombres aún, asignaron obras de agua potable en Becal número CAPAE-CAM-APAZU-LPN-15-13 a familiares con una empresa de aluminios y vidrios; de hecho, se argumenta que desde esa oficina se incrementó el diezmo y las exigencias a los constructores con argumentos electorales, aunque esos dineros nadie conoce el destino final que tuvieron.

Quizá en esa oficina es donde haya la mayor depredación no sólo de recursos públicos sino también en la calidad de la obra realizada al extremo que muchas de las mismas han tenido que ser rehechas y otras de plano canceladas.

Entre los empresarios señalados como presuntos cómplices del saqueo se habla de Fernando Sánchez, quien había acaparado la mayor parte de los concursos de obra pública y podría estar involucrado en la triangulación de recursos como parte de las “comisiones”.

En API la referencia es que los recursos salían sin tocar póliza a cuentas personales, y en Carmen toda la obra pública y las compras municipales se hicieron por dedazo sin que mediaran concursos o licitación alguna. Además, en la de Puertos se señala que desaparecieron 800 millones que habrían sido desviados para las elecciones intermedias, de los que sólo 300 millones quedaron en poder del que operó la salida del dinero. El costo de la transa, pues.

Un legislador actual también operó cuentas millonarias en API e intentó desviar recursos de esa oficina para uso político personal.

En Salud se habla de cómo Enrique Iván González López desvió fondos para armar sus brigadas de apoyo para lograr ser candidato a alcalde y dejó que desde la oficina del administrador Miguel Duarte Reyes se operaran todas las cuentas, clientes y compras.

Toledo, aseguran, al llegar a esa oficina se negó a aceptar los oficios de entrega-recepción que le dieron para firma. El desorden era mayúsculo y el saqueo absoluto y tan solo en 2013 la Auditoría Superior de la Federación detectó faltantes de 35.2 millones, únicamente en Seguro Popular ese año.

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En Pesca se señala el fraude de las pulperitas, como el más visible, además de que el proyecto de pepino de mar se considera un fraude, al extremo de que las especies colocadas como muestras de producción ni siquiera son de la región.

En desarrollo rural prácticamente el nuevo titular tuvo que rearmar la secretaría porque todos los apoyos estaban destinados de antemano a un solo grupo de beneficiarios y ahí sólo despacharon para ellos mismos.

Las inhabilitaciones podrían pasar por Fomento Económico donde hubo desvío de recursos para la precampaña a la alcaldía de su titular, cuya labor sólo se direccionó a sus afectos. Los diferentes fondos y programas de apoyos que debían ser acreditados por esa oficina tampoco se dieron con criterio abierto: sólo fueron para unos cuántos, todos del mismo grupo cercano al titular.

La idea del nuevo gobierno de poner un escarmiento y sancionar a quienes desviaron los recursos públicos pareciera que no se detendrá sólo en lo que se incluye en las actas de entrega recepción sino que se irá más allá, y la única limitante estará en el vencimiento de los plazos legales para proceder judicialmente.

La legalidad y legitimidad electoral del gobernador no tiene duda; sin embargo, debe fortalecerse con la legitimación y nada más sólido que demostrar que el combate frontal será contra la corrupción, pero sobre todo contra la impunidad de la que han hecho gala varios funcionarios de las administraciones anteriores, será el sello de un gobierno que nos ha ofrecido hacer las cosas distinto para tener resultados diferentes.

Apostémosle a que el Campeche del nuevo milenio sí será diferente al que hemos vivido hasta ahora.

P.D.

¿Ya vieron la calle 59? ¿De veras el INAH no entiende que su chamba es la conservación antes de la exterminación? Ni un solo párrafo del reglamento del Patrimonio de la Humanidad habla de mobiliario idéntico ni de uniformidad en manteles y sombrillas.