Andrés Manuel lleva cien días de haber tomado posesión, pero más del doble de haber tomado el gobierno. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que desde la toma de protesta de los diputados y senadores el nuevo gobierno empezó a operar: sus propuestas legales, sus deseos más sólidos y la obediencia ciega de quienes tratan al presidente no como su par sino como su jefe.

Sin embargo, el prolongado cambio de gobierno y los cien días de gestión pareciera que no son suficientes para que los mexicanos sepamos con detalle cómo se recibió y qué se pretende hacer con lo que se ha encontrado en la administración pública federal.

En la toma de posesión de los diferentes gobernadores de Campeche, el columnista les pidió a quienes recibieron la gestión que detallaran cómo habían recibido de su antecesor.

Ni uno de ellos lo escuchó, todos se quedaron callados y cuando la crisis de los latrocinios ajenos empezaron a hacer estragos, todos ellos se arrepintieron de no haber hecho público lo que recibían: deuda pública oculta, doble contabilidad, dinero que no estaba en caja, obras que habían sido programadas y no hechas pero sí ejecutado el recurso, medicinas que no aparecían, equipo que se leía en el inventario pero que no se encontraba físicamente en ningún lado, etc…
Así, los gobernadores se convirtieron en cómplice de su antecesor.

Lo mismo le está sucediendo al presidente López Obrador: se niega a detallar cómo recibió, se sujeta a su argumento de que es un cochinero y de que quebraron al país, pero no da evidencias, no aporta pruebas, no dice que le dejaron y que no.

Para la gran mayoría, para los que votaron por él, ese argumento debería ser suficiente para juzgar a Enrique Peña Nieto quien siempre será el responsable de lo que pasó en su gobierno porque los electores lo eligieron a él para gobernar ese periodo 2012-18 y nadie le impuso a sus colaboradores por lo que creyó que sólo él debía evaluarlos o sancionarlos. Falso, eran empleados de todos.

A cien días de su toma de posesión, López Obrador violó la Constitución porque con la banda presidencial se sumergió en un rito y en una adoración que le impide la ley al Estado Laico y a su Ejecutivo, pero que la gente le aplaudió por ser rituales de los pueblos fundadores. Al final, ese ritual fue una farsa.

El presidente ha tomado decisiones que los ciudadanos le hemos permitido pero por los que no le hemos pedido cuentas: la cancelación del aeropuerto de Texcoco y generar una deuda que pagaremos todos; el despido masivo de empleados federales lo mismo del SAT que de Cultura, que de Semarnat, que de otras dependencias.

El presupuesto autorizado por el Congreso también señala que se validó para los rubros ahí expuestos, pero el presidente lo está ejerciendo violentado las normas y las reglas de operación y no hay una fuerza opositora real que le reconvenga sus excesos.

Nos ha recetado todos los días que basta de corrupción, esa de la que los mexicanos se hartaron y censuraron, pero hasta hoy no hay responsables sujetos a proceso por esos excesos. Es como si el presidente combatiese la corrupción fomentado la impunidad de que gozarán quienes saben que se robaron la quinta y los mangos y, además, disfrutaran la dulzura de esos frutos.
El presidente, sin embargo, pareciera que tiene una moral muy flexible. Los conflictos de interés sólo los censura en sus oponentes, pero en los hechos los fomenta entre sus seguidores.

Dice que ya basta de politiquerías, que le harta la grilla pero no deja de censurar a quienes se les oponen, a quienes le reprueban su manera cómo hoy, sin que nadie se lo impida, se forja una clientela electoral que ya le garantiza, en estos cien días, 25 millones de votos con cargo al erario.

El presupuesto de la nación destinado a crear clientelas electorales más que a promover la generación de empleo, de inversión, de infraestructura. ¿Quién pagará los impuestos y generará los recursos para ese dispendio del presupuesto hoy vestido de servicio al pueblo?
La popularidad del presidente no es la misma en encuestas domiciliarias que en Facebook, pero también es verdad que su popularidad no ha recibido ni una mella a pesar de la escasez de resultados en seguridad, en atracción de inversiones, en temas de garantías de inversión.
Dice la canción de Carlos Gardel que 20 años no es nada, pero lo es todo cuando se trata de gobernar un país y esa parece ser la meta de todos los grupos políticos: ser transexenales, ganar las próximas elecciones.

Esa es la diferencia entre políticos y estadistas: unos gobiernan para los comicios que siguen y otros para las generaciones que vienen. Al tiempo.