El presidente Enrique Peña Nieto gana la elección de 2012 con una clara ventaja sobre Andrés López Obrador, del PRD, y Josefina Vázquez Mota, del PAN. No hay ninguna duda de que su triunfo es legal. En ese momento goza también de credibilidad y legitimidad.
En 2014, en el segundo año de su gobierno, dos acontecimientos, claras crisis políticas, que en su momento no fueron reconocidas y manejadas como tal, dieron inicio a un acelerado proceso de deterioro de la imagen del presidente y su gobierno.
La matanza de Ayotzinapa, que ocurre el 26 de septiembre, y el caso de la Casa Blanca, que se da a conocer el 9 de noviembre, marcan un antes y un después de la percepción ciudadana sobre el presidente y su gobierno. Los dos son fundamentales, para explicar la pérdida de credibilidad y legitimidad.
Al presidente en el caso de Ayotzinapa se le juzga como insensible al dolor de los padres de las víctimas y que desde un principio su gobierno trata de engañar a éstos y a la sociedad al ofrecer explicaciones, la verdad histórica, que no se sostienen. A partir de este evento empieza el proceso de pérdida de credibilidad.
De la Casa Blanca la sociedad está convencida de que hubo un claro conflicto de interés, nunca reconocido por el presidente. Y un sector amplio va más allá y piensa que se trata de un evidente acto de corrupción. A partir de esta información empieza el proceso de pérdida de legitimidad.
El mal manejo político y de comunicación que Los Pinos hace del caso siembra dudas y sospechas. Fue un error, hay otros, nombrar como secretario de la Función Pública a una persona cercana al presidente. La sociedad lo percibe como una maniobra, para cubrir un acto de corrupción.
¿Qué hubiera pasado si desde un principio política y mediáticamente estos casos se manejan como una crisis? Es probable que el presidente y su gobierno habrían actuado de otra manera, pero sobre todo se pudo evitar generar la falta de confianza y legitimidad que ahora tiene el presidente.
Los bajos niveles de aceptación y de calificación presidencial, con una desaprobación del 77% y una calificación del 3.6, muestran que el presidente no tiene la simpatía ciudadana. Lo más probable es que en las próximas encuestas y calificaciones la valoración del presidente sea todavía peor.
En la mala percepción del presidente y de su gobierno influye de manera decisiva la pérdida de credibilidad y legitimidad. A los eventos referidos se añaden otros (Malinalco, Tlatlaya, Tanhuato …) que profundizan esta realidad.
Ahora, la sociedad juzga lo que hace el presidente y su gobierno, desde la mirada de la falta de confianza y legitimidad. No hay nada que señale las cosas van a cambiar. Todo indica que éstas se van a profundizar y con ellas crecer la mala percepción del presidente y su gobierno.
Twitter: @RubenAguilar
