Todo inició el 14 de septiembre del 2015. Un oficio de la SHCP, 24 horas antes de concluir la administración anterior, advertía omisiones de pago. Un mes antes, el equipo encargado de allanar el cambio de sexenio había advertido sobre el tema. Incluso los propios involucrados dieron fe de las irregularidades y asumieron que con esto el tema quedaría, al menos, aclarado.

Con el arranque del sexenio iniciaron las averiguaciones. El 2 de diciembre de 2015, la Secretaría de la Contraloría tiró el muro.

En una una investigación se determinó que existían elementos suficientes para presumir la responsabilidad administrativa de Miguel Román Duarte Reyes, ex Director Administrativo de Indesalud, por la omisión de declarar y enterar las cantidades correctas al SAT, correspondientes a retenciones de ISR a trabajadores, por el período agosto a diciembre de 2013, todo el ejercicio fiscal 2014 y el período febrero a junio de 2015, por un total de $259 millones 421 mil 716 pesos.

Siete semanas después, el 28 de enero de 2016, se emitió una Resolución Definitiva en el procedimiento administrativo y se impuso a Miguel Román Duarte Reyes, una sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el término de 12 años; y una sanción equivalente a 260 millones de pesos.

Duarte Reyes se amparó de esa resolución, pero sin éxito. En el portal de la Secretaría de la Función Pública aún está vigente. La Secretaría de Finanzas embargó precautoriamente bienes inmuebles y cuentas bancarias a Duarte Reyes.

Las acciones de Joaquín Sánchez Gómez desde de la Secretaría de la Contraloría fueron aplaudidas por la opinión pública y por el gobierno estatal, que centraba el discurso del gobernador, Alejandro Moreno, en el combate a la corrupción. Pero no todos estaban conformes.

La Fiscalía General del Estado se sintió excluida del proceso y buscó recuperar espacio perdido.

La Contraloría preparó una denuncia penal que se debió presentar en la PGR porque los recursos desviados eran de origen federal, y se estaba violando la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  En ese momento la Fiscalía insistió en que no se involucrara a la PGR. Pero fue más lejos. Se rehusó a integrar el expediente junto a la Contraloría.

En los pasillos de la Fiscalía, tras un inconveniente médico de su titular, Juan Manuel Herrera, se comentaba que Sánchez Gómez sería su reemplazo como fiscal. Esto alejó más a Herrera, quien buscó marginar a la Secont.

Según una fuente de la Fiscalía, el  15 de abril de 2016, con los datos de prueba que obraban en el procedimiento administrativo, la Contraloría presentó una denuncia de hechos sobre el tema Indesalud. La Fiscalía se negó a dar trámite a la denuncia.

En su lugar encargaron a Félix Selem, encargado jurídico de Indesalud que iniciara una denuncia alterna, con hechos diferentes a los contenidos en la investigación administrativa, que fue la que finalmente integró y judicializó ante la autoridad.

Al cumplimentarse las órdenes de aprehensión contra Duarte Reyes y Cobos Toledo, el titular de la FGJE, en su conferencia de prensa, fue reiterativo en que la denuncia fue presentada por el Jurídico del Indesalud, descontando la investigación de la Secretaría de la
Controlaría.

En ausencia del Fiscal, la vicefiscal Laura Luna había asumido la titularidad de la dependencia.

Desde un principio que fueron presentados los cargos abogados señalaron que había inconsistencias en la integración del expediente. A pesar de todo, la jueza de Control, Ana Concepción Gutiérrez Pereira, dictó auto de vinculación a proceso al ex secretario de Salud, Alfonso Cobos Toledo, y su administrador Miguel Román Duarte Reyes, y fijó medida cautelar de prisión preventiva .

Desde la Fiscalía se buscó llegar más lejos. Presionaron para tener control sobre la Secretaría de la Controlaría y lo lograron. Laura Luna fue nombrada Contralora, en lo que ha sido, hasta ahora, el cambio más polémico del gabinete estatal.

Un juzgado federal otorgó dos amparos a Duarte Reyes y Cobos Toledo, en uno de ellos se absuelve a los acusados de uno de los delitos, dado que por la mecánica de los hechos planteados por la Fiscalía no se lograban configurar los elementos del delito; y por otra parte, se concedió el Amparo contra la medida de prisión preventiva por considerarla excesiva respecto a los otros delitos imputados por la Fiscalía.

Juan Manuel Herrera pocas horas después declaró que la Fiscalía se iba a inconformar por el amparo.

En realidad la FGJE se quedó sin el elemento técnico de la Contraloría y prefirió a auditores externos como el despacho Luis Argüelles y Asociados S.C para sostener y probar la denuncia contra los funcionarios. Eso exhibió que el protagonismo de su titular chocó con una pared jurídica que no pudo penetrar.

Si la detención de los exfuncionarios había sido un hecho inédito en materia de lucha contra la corrupción, la falla en la integración del expediente es sin duda el mayor tropiezo de la Fiscalía en los últimos 20 años.

En un pequeño círculo de amigos, Herrera Campos, experimentado abogado mercantil, reconoció que conocía muy poco el nuevo sistema penal. Esto justificaría algunas de sus torpezas en los últimos meses.

Será hasta principios marzo que se dicten medidas cautelares a los exfuncionarios que fueron amparados para continuar el proceso en libertad, luego que fue cancelada una audiencia este fin de semana en la que alegaron problemas de salud.

Aunque el titular de la Fiscalía desconozca los principios básicos del nuevo sistema penal, al adentrarse en su estudio y revisión debe partir de una premisa: la ley no se basa en supuestos, se basa en hechos. Si lo pasa por alto estará contando sus últimos días en su oficina, y lo sabe.

Laura desde la Contraloría estará obligada ahora a reutilizar lo que en su momento se negaron a tomar en cuenta.

El Secretario de Salud, Álvaro Arceo, y el Fiscal, Juan Manuel Herrera compartieron en el sexenio de Jorge Carlos Hurtado los mismos cargos, bien debieron entender aquello de “Hechos no palabras”. La Fiscalía sobre todo lo debe saber.