LA CONVOCATORIA. A 23 años de ser creada la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche espera la elección de su cuarto presidente. Desde 1993 y tras la presidencia de Carlos Felipe Ortega Rubio (1993-1998) y María Eugenia Ávila López (1998-2006) concluyó el período de Ana Patricia Lara Guerrero. Llegó a la Comisión de Derechos Humanos en septiembre del 2006, ha sido hasta ahora la presidencia más longeva del organismo, su gestión alcanzó a tres gobiernos estatales (Hurtado-Ortega-Moreno). Había sido ratificada en diciembre del 2011 para un segundo y último período como marca el Art. 10 de la Ley de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche que establece que podrá permanecer en el cargo por un período de cinco años y ser electa para un período más.

Este lunes la Comisión de Derechos Humanos del Congreso presidida por Freddy Martínez lanzó la convocatoria para elegir al nuevo comisionado presidente. Las entrevistas para los aspirantes se realizarán los días 12 y 13 de septiembre y posteriormente se anunciaría la nueva presidencia. Con un salario cercano a los 100 mil pesos mensuales, según la tabulación de su página de transparencia, la LXII Legislatura tiene la responsabilidad de elegir según estos criterios: El Presidente de la Comisión deberá reunir para su designación los siguientes requisitos atendiendo al Art 8 de la Ley: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. No tener menos de treinta y cinco años de edad el día de su nombramiento; III. Gozar de buena reputación, no ser militante de algún partido político, ni haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena y IV. Tener preferentemente título de licenciado en derecho, así como estudios o experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos. El jurista campechano Jorge Carpizo McGregor fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Poco antes de concluir su gestión frente a este organismo en 1993 fue creada la comisión estatal en Campeche en el sexenio de Salomón Azar.

Carpizo dejó la presidencia del organismo para ser nombrado Procurador General de la República, lo que provocó malestar en la sociedad civil organizada En sentido contrario el nombramiento de Lara Guerrero en el lejano 2006 incomodó a sectores sociales porque había sido Procuradora de Justicia del Estado de Campeche y no la consideraban imparcial para desempeñar el cargo. Los dos expresidentes de la comisión en Campeche hoy ocupan la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (Ortega Rubio) y una magistratura (Ávila López). Derechos Humanos nunca ha sido una institución que represente un contrapeso real en Campeche. Ha sido, en más de dos décadas, una institución discreta y autoexcluida de temas trascendentales de debates públicos e inclinada más a promover los derechos humanos desde una postura académica. En los próximos días veremos las propuestas que estarán sobre la mesa. Lo último que necesita la Comisión de Derechos Humanos en una presidencia de caramelo.

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CÓNCLAVE. Secretarios de gobierno, fiscales y secretarios de seguridad pública de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y delegados de la Procuraduría General de la República de la península, que forman parte de la X Región Militar se reunieron este martes en Yucatán para determinar las estrategias de seguridad para blindar la península en materia de seguridad. El encuentro ocurre una semana después de que cayera en Candelaria, Campeche, una avioneta con matricula N633D de origen norteamericano. Según un reporte de aviación de Estados Unidos consultado por “Golpe de Timón”, el último vuelo oficial registrado de esta aeronave fue el 24 de octubre pasado, en un vuelo de 90 minutos entre las ciudades de Kenosha y New Richmond, en Wisconsin. La aeronave, resguardada por el ejército, pertenece a la compañía BMC Aero LLC con oficinas permanentes en Wisconsin. Diseñada para ocho pasajeros fue construida en 1978 y tenía certificación vigente para volar hasta el 31 de enero del 2017. La aeronave aparece en varias páginas estadounidense de renta de jet privados. La PGR informó que inició una carpeta de investigación por el delito de violación a la Ley General de Aeronáutica Civil. Aunque fue un modelo exitoso en los 80´s y 90´s las Piper AirCraft PA-31-310 Navajo en los últimos años se han visto involucrada en varios accidentes aéreos. Contando con el desplome en Candelaria de hace una semana, dos bimotores de la misma marca cayeron en Colombia en 2014, y hubo un incidente más en Venezuela en agosto pasado. En la zona del desplome no se encontraron rastros de drogas pero sí bidones de gasolina. Una fuente sugirió que la aeronave se trasladaba en el viaje de ida para poder recoger droga en alguna zona de Centroamérica. Nunca antes, de las más de 30 avionetas que han caído en territorio campechano en los últimos 25 años ha trascendido información oficial concluyente. El caso más difundido el de abril del 2006 cuando un avión procedente de Venezuela con 5.5 toneladas de cocaína con destino a Toluca fue interceptada en el aeropuerto de Ciudad del Carmen. Según la DEA el corredor aéreo y marítimo Suramérica-Quintana Roo es el que recibe la mayor cantidad de droga para trasladar a Estados Unidos.