El presidente Andrés Manuel López Obrador gobierna dos países que están en polos opuestos: los que suman ese apoyo incondicional que se suma a los 30 millones de electores que lo llevaron a la presidencia, y los otros 60 millones –divididos en tres- que no les importa, que les importa poco o que les importa mucho su manera de
gobernar.

Decía María Amparo Casar en un estupendo artículo publicado en la revista Nexos, que el presidente no sólo no improvisa sino que trabaja con ahínco en su proyecto político mientras sus adversarios y opositores andan “papando moscas”.

La analista dice que López está armando un proyecto clientelar con cargo al gobierno en el que ya logró sumar algo así como 25 millones de beneficiados a sus programas sociales que, considera, serán su fuerza electoral en 2021 y más aún en 2024.

Dice: “En 2018 el padrón electoral era de 86.6 millones de electores. La tasa de participación fue de 63.4%, o sea, se emitieron 56.6 millones de votos. Él ganó con 30.1 millones o el 53% de la votación. Su coalición en el Congreso alcanzó 42% (23.5 millones de votos). Hoy tiene una mayoría de 62.8% de asientos en la Cámara de Diputados y de 54.7% en la de Senadores”.

Y en esos días el presidente no tenía aún a sus beneficiados por programas sociales de su gobierno.

Uds. se preguntarán quienes son esos beneficiados que le darán todo a su presidente ante que verlo perder lo que hoy tiene: el Congreso, en pleno, y su poder absoluto. No se quiebre la cabeza: los más pobres.

¿Verdad que no es nada nuevo? El clientelismo político le sirvió durante sexenios al PRI para engañar a la sociedad y de ahí sostenerse hasta el año 2000 en el gobierno federal.

El país creció, pero el presupuesto no lo hizo del mismo modo y la sociedad se diversificó de tal manera que ya no quería un presidente que les controlara todas sus decisiones. Así, a golpes de sociedad civil, el gobierno tuvo que aceptar que debía abrirse y lo que empezó en 1968 como una represión estudiantil, terminó de cuajarse en 1997 cuando perdió la gran mayoría en el Congreso y en 2000 cuando perdió la presidencia.

La sociedad civil organizada ganó espacios, pero la derrota de Francisco Labastida Ochoa significó la esperanza de que México sería distinto y lo fue aunque no lo suficiente para satisfacer las grandes exigencias nacionales.

El triunfo del PAN sólo llevó al poder a políticos que en lugar de emprender los grandes cambios sociales y económicos, terminaron negociando con los dueños del poder de siempre, repartiéndose el botín que significa el gran presupuesto anual del país.

La sociedad seguía exigiendo un cambio radical, pero lo que sucedió el año pasado y ha derivado en el nuevo gobierno, pareciera que no quieren verlo: se está reinstalando un gobierno autoritario en el que el propio presidente concentra no sólo todo el poder sino también la voluntad del Ejecutivo. Así, sin contrapesos.

La rebelión pareciera que ha tomado por sorpresa a esa misma sociedad civil que logró dar un escarmiento al gobierno abusivo y corrupto de Enrique Peña Nieto: se abrieron los medios, todos denunciaron la enorme corrupción, y al empedrarle el camino a López, nunca vieron que su llegada los dejaría atónitos, sin argumentos, sin habla y sin respuestas.

En cien días de adminstración la gran mayoría de los mexicanos se percibe contento con lo que el nuevo presidente está haciendo. Nadie ve ni denuncia el atropello que significa para un Congreso autorizar un proyecto de presupuesto al que en la práctica se desobedece: el dinero para las estancias infantiles ya no será para eso sino para repartir entre los beneficiarios sin reglas y sin mayor supervisión; se dejó dinero suficiente para cubrir los sobrecostos de una decisión carísima como lo fue cancelar el aeropuerto de Texcoco y en los hechos nadie denuncia la fragilidad económica en la que hoy está el país.

Cien días han bastado para que la sociedad civil, esa que se movilizaba cuando Peña quería un Fiscal Carnal se quede atónita viendo como se les impuso ese fiscal, como se nos impone magistrados de la Corte plenamente sesgados al interés presidencial y cómo se decide en qué usar el dinero que el Congreso autorizó para otro rubro sin que haya justificación ni mucho menos explicaciones, ni proyectos, ni planeación.

Todos viendo cómo el presidente reparte el dinero del país sin reglas de operación y nadie viendo que está construyendo su nueva proeza electoral: quedarse con el Congreso de mayoría otra vez y ganar las 15 gubernaturas que se disputan en el 2021.

Es muy caro ser pobre, no sólo porque se usa tu necesidad sino porque nadie entiende que lo que se les da no es del presidente sino de todos los mexicanos. Lo entenderán cuando todos los mexicanos tengamos que pagarlo.