Mientras más se acerque el 12 de agosto, más se sabrá quién será el personaje que dirigirá la mesa del reglamento por el que se regula el funcionamiento del PRI, pero mientras eso sucede las especulaciones no se dejan esperar.
Como ya se ha dicho, la mesa de estatuto del tricolor estará en Campeche y esa será una de las cinco que se instalarán previo al cónclave definitorio en agosto: estatuto, declaración de principios, programa de acción, visión de futuro y rendición de cuentas y ética.
Participarán en cada mesa: 10 delegados por cada entidad federativa, 20 por cada uno de los sectores y organizaciones del partido, 10 senadores, 35 diputados federales, 40 delegados del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, 10 delegados de la Fundación Colosio, y un delegado por cada una de las organizaciones nacionales adherentes.
El tema más importante, el que definirán los participantes, es el de la militancia que se le exigirá a su candidato presidencial y si se abre o se cierran los candados para limitar la participación de los aspirantes que puedan tener posibilidades y reúnan los requisitos.
En el PRI se está definiendo al día de hoy si ese partido debe abrirse a la ciudadanía o sólo se definirá su elección interna entre los mismos militantes y los personajes que reúnan ciertos requisitos que pueden aligerarse o complicarse, según sea el interés de los participantes.
La cúpula es quizá la más cuestionada pero también es la que controlaría la asamblea y, por lo visto, es la única que tiene claro que sólo con los priistas ese partido no gana.
El significado de la sede en Campeche de la principal mesa definitoria del futuro del PRI tiene que ver con esa influencia que hoy tiene el gobernador Alejandro Moreno en la dirigencia del partido: Enrique Ochoa Reza es su amigo personal y Moreno ha sido y es un operador confiable del presidente Peña Nieto.
Sin embargo, el responsable de cómo saldrá la asamblea definitoria es únicamente Ochoa Reza quien, como dicta la ortodoxia priista, deberá acatar la definición que le pida el primer priista de México.
El miércoles pasado, el periodista Joaquín López Doriga, en la sección Retales de su columna En Privado, que publica el periódico Milenio, decía que “… la Operación Alito se encargue de que no se cierren los candados que quieren los priístas del ayer”.
Y es que el reto es interesante: en un país donde ese partido tiene el 80 por ciento de los encuestados pidiendo que deje de gobernar, los priista exigen quedarse con la nominación para alguien que ellos mismos definan y que no sólo sea militante de años sino que haya sido electos para un cargo público y para ser dirigente de su instituto político.
No están viendo la encuesta publicada por Reforma en la que los indecisos son más que los que quieren a Andrés Manuel López Obrador que tiene un 38 por ciento de gente que tiene una muy mala opinión de él y un 13 por ciento que no lo conoce; que 37 por ciento de los encuestados no acepta a ninguno de los aspirantes a candidato del PRI y que 17 más no sabe a quien elegir.
La historia se repite con los candidatos ciudadanos: 37 dice que ninguno de los que se menciona y 23 no sabe.
Miguel Osorio sería el que tiene más conocimiento del PRI pero en el mejor escenario ese partido queda en tercer lugar y de ahí la caída sigue.
Quien liderará la mesa del estatuto del PRI no es algo menor. Se ha hablado de Emilio Gamboa o de César Camacho, pero la realidad es que en Campeche la decisión tendrá que pasar necesariamente por el gobernador local y por el interés del presidente del partido.
La exigencia de una consulta a la base podría abrirse a una consulta ciudadana que le daría a ese partido una definición de cómo está hoy la sociedad perciviendolo y qué necesitaría para poder tener esa aceptación que hoy está minando sus posibilidades de repetir en la presidencia de la República.
La asamblea del 12 de agosto del PRI no puede ser para definir que ellos mismos se quedan con el partido porque eso es precisamente lo que los ha derrotado en los últimos años.
Madrazo es el mejor ejemplo: vendió el partido a los gobernadores cuando no hubo presidente y cuando perdió Tabasco cooptó al Verde para dividir al tricolor y entonces ganó Morena.
Esa definición de la asamblea sería quizá la última oportunidad para abrirse a la sociedad esa que quieren gobernar y que necesitan voten por ellos, pero lo dificil será dejar los privilegios y dejar de ver la política como una patrimonio de familia.
