Hacia 1955, cuando las mujeres mexicanas pudieron votar por primera vez, la prensa nacional publicaba un artículo del distinguido campechano Rafael Zubarán Capmany, abogado, escritor, secretario de Gobernación y ministro plenipotenciario de México en Austria y Alemania durante el gobierno de Venustiano Carranza, y secretario de Industria y Comercio en el gabinete de Álvaro Obregón, bajo el título “¡Que voten las viejas!”.

Amplio es explicar por qué este título no puede entenderse, como lo han calificado los historiadores del feminismo en México, como misógino y machista. Pero baste de ejemplo para clarificar el terremoto social y la tremenda importancia que representó para nuestra democracia el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer y el inicio de un muy largo camino hacia la equidad de género en materia político-electoral.

A partir de esa fecha, y en forma progresiva, se han buscado garantizar los derechos y la participación política de las mujeres. Y aun así tuvo que pasar una década más para que -en 1964- pudiera ser electa la primera mujer senadora de la República en México: la campechana María Lavalle Urbina.

Hoy, aunque el objetivo aún no ha podido ser alcanzado a plenitud, el último cuarto de siglo ha visto diversas reformas electorales: desde la de 1993, cuando se comenzaron a tomar acciones afirmativas exigiendo candidaturas para las mujeres, hasta las de 1996, 2002 y 2008 en las que se introdujo el concepto de ‘cuota de género’; llegando finalmente a la reforma de 2014 que obligó a los partidos políticos a reservar para ellas el 50% de las candidaturas de las cámaras federales y los congresos estatales.

Cabe destacar que Campeche, desde la reforma al Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales (Cofipe) del 2008 otorgó el 50% como porcentaje máximo de representación para un mismo género, lo que a nivel federal se elevaría a rango constitucional hasta el 2014. En general, Campeche ha ido a la par de los cambios, reformas y políticas que en materia de igualdad y de equidad de género se han adoptado en el país, y ello se ha visto reflejado en el creciente número de espacios políticos que las mujeres han ido ganando en la política campechana.

En la historia de las elecciones modernas, tras la reforma político-electoral de 1997 que creó el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), han pasado siete jornadas electorales locales que han dado como resultado la elección de cuatro gobernadores, 87 alcaldes y 280 diputados locales, además de los integrantes de los cabildos y las juntas municipales. ¿Cuántos de esos espacios han sido para el género femenino? Veamos.

En los 24 años que van de 1997 a 2021 -considerando el trienio recién iniciado- el Congreso del Estado suma 189 diputados por 91 diputadas, para un total de 280 legisladores. Esto representa el 67.5 por ciento para hombres por 32.5 por ciento para mujeres.
Pero si bien, esas cifras en su conjunto evidencian el menor acceso de las mujeres a ese cargo existe una enorme diferencia entre el proceso electoral de 1997 y el de 2018. Por ejemplo: en el primero, para la LVI Legislatura se eligió a 28 diputados por apenas siete diputadas; en el segundo, para la LXIII Legislatura, la diferencia es de 17 diputados por 18 diputadas.
En las alcaldías las cosas no han sido tan diferentes. En el trienio 1997-2000 fueron 10 hombres y cero mujeres los que encabezaron las diez presidencias municipales -Candelaria tendría su primer Ayuntamiento hasta el trienio siguiente-, mientras que en la reciente elección para el periodo 2018-2021 serán ocho alcaldes por cuatro alcaldesas, siendo éste el periodo con el mayor número de mujeres en ese cargo en toda la historia política local. Sin embargo, contando de 1997 a 2021, Campeche sumará un total de 78 presidentes municipales contra apenas 10 alcaldesas, lo que representa 88.63% de hombres y el 11.3% de mujeres.

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En la integración de los ayuntamientos, compuestos por un Cabildo con número variable de regidores y síndicos, la disparidad de género ha sido avasalladora, al menos hasta la elección del 2003, cuando en esos cuerpos edilicios comenzó a aplicarse una paridad que aún no se practicaba en los cuerpos superiores de gobierno.

Del 1997 al 2000 hubo un total de 81 hombres por 23 mujeres en esos cargos. De 2000 al 2003 la diferencia fue similar: 95 hombres por 23 mujeres. Pero en los seis trienios siguientes se dio una paridad nunca antes vista: 67 hombres por 51 mujeres (2003-2006), 59 hombres por 59 mujeres (2006-2009), 57 hombres por 61 mujeres (2009-2012), 62 hombres por 63 mujeres (2012-2015) y 60 hombres por 58 mujeres (2015-2018). Para el periodo 2018-2021 se eligió a 62 hombres por 56 mujeres.
Es decir, en ese lapso de 24 años habrán sido electos en los cuerpos edilicios 543 hombres por 394 mujeres, una diferencia de 57.9% de hombres por 40.02% de mujeres.

Respecto a las presidencias de las juntas municipales, ha sido el órgano de gobierno donde ha existido una mayor resistencia a la equidad, sobre todo porque las tradiciones y los usos y costumbres de las zonas rurales continúan produciendo y reproduciendo las viejas prácticas e ideologías machistas, misóginas y paternalistas. Entre 1997 y 2018 fueron electos 132 ediles por apenas seis mujeres… ¡en un lapso de más de 20 años! En las elecciones de 1997, 2003 y 2006 las juntas municipales las monopolizaron los varones y no se eligió a ninguna mujer; en las de 2000, 2009, 2012 y 2015 sólo se eligieron 1, 2, 1 y 2 mujeres, respectivamente. Fue hasta la reciente elección del 1 de julio de este año cuando este órgano de gobierno vio por primera vez un acercamiento a la equidad: de 2018 a 2021 gobernarán las 24 juntas municipales 13 hombres y 11 mujeres.

Así, al analizar cuantitativamente la distribución por género de los cargos de elección popular hemos de concluir que en Campeche la equidad y la paridad de género son términos que no sólo llegaron para quedarse, sino que siguen un proceso de consolidación irreversible.

Pero este avance en la paridad en materia político-electoral no ha sido fruto de la buena voluntad de los partidos políticos, ni es obra de graciosas concesiones de los hombres que los presiden, sino es resultado de largas décadas de lucha de mujeres valerosas que desde fines del siglo XIX comenzaron a preparar el camino al reconocimiento de sus derechos y su participación en diversos ámbitos de la vida pública, así como de una larga marcha hacia la modernización de nuestra democracia a través de leyes más justas y equitativas y de instituciones sólidas que las han hecho valer en el contexto de una sociedad cada vez más madura y participativa.

Pero la pregunta que surge tras este análisis no es temeraria: ¿La equidad ganada en los espacios públicos garantiza realmente la participación política de las mujeres campechanas? ¿Ello se traducirá en legislaciones, gobiernos y políticas públicas con perspectiva de género? Y, la más importante ¿llegará el momento en que la equidad en la distribución de candidaturas no sea obligatoria por ley sino una decisión que los partidos tomen por ética y por justicia? O, lo que es lo mismo, ¿algún día dejará de contar el género para asignar candidaturas o ascender a un espacio político o público más que la capacidad de la persona, que es lo que nos merecemos los ciudadanos: Autoridades capaces, preparadas y eficientes, sin importar su condición social, nivel socioeconómico, color de piel, apariencia física y, por supuesto, su sexo? Ya veremos. Es aún muy largo el camino que nos resta por recorrer en esta materia, pero los avances son irrefutables.