El tema de las inhabilitaciones a funcionarios públicos por irregularidades en el manejo de los recursos públicos no solamente debe de ser una cuestión mediática ni tomarse a la ligera. Se trata, siempre, de graves afectaciones al erario público y, por tanto, a la calidad de vida de los ciudadanos.

Si tomáramos en cuenta solamente los casos de desvíos, jineteo, mal manejo, robo, fraude o mala aplicación que se han hecho públicos, la suma no es nada pequeña, equivaldría, por ejemplo, a cuatro veces el presupuesto anual de los dos municipios que reciben más recursos.

En los últimos días, se han dado a conocer las inconsistencias o irregularidades detectadas por organismos federales, estatales y municipales en las cuentas públicas de sólo uno de los años de la anterior administración.

Los análisis de la Cuenta Pública 2014, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las irregularidades en la Unacar, el presunto robo en la Apicam, los recursos no justificados en los tres años de gobierno municipal en Carmen, los fondos no justificados en los otros municipios, todo ello nos da una suma cercana a los 4 mil millones de pesos Es decir, más del 22 por ciento del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado en el 2015, que fue de 18 mil millones. ¿Y lo que no sabemos, no nos enteramos o no ha salido y quizá ni saldrá a la luz pública?

Lo que ocurre en Campeche es grave. Los millonarios recursos no justificados o robados de las arcas públicas darían para construir dos puentes de la Unidad, sobrarían para repavimentar las calles de la capital campechana –no solamente en las avenidas principales-, alcanzarían para construir un nuevo mercado público, serían suficientes para reactivar la economía de los pequeños y medianos negocios azotados por la crisis, podríamos construir un nuevo recinto ferial para que no nos pase lo que en el Carnaval y no se vuelvan a cancelar eventos que incrementa los costos del gobierno.

La corrupción, en el ámbito político, es el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, secreta, privada, lascerante. Es lo contrario a transparencia. Contar con información privilegiada, sobornos, extorsiones, fraudes, malversación, cooptación, caciquismo, nepotismo, impunidad, todas formas de corrupción que no necesariamente son ajenas a Campeche.

¿Es un fenómeno de faltas individuales o un problema estructural? Como sea, es tiempo ya de que se dé un paso definitivo en el combate a este mal que le ocasiona un grave perjuicio a nuestra calidad de vida: ningún organismo que se precie del combate a la corrupción y estar a favor de la transparencia puede seguir dependiendo de los gobiernos, del Congreso, de la Cámara de Diputados o de cualquier ente gubernamental. Se necesita una institución sólida, autónoma, ciudadana, con personalidad propia, con instrumentos legales y jurídicos que no pasen por el caminito que ya sabemos: aprobación directa de las cuentas por parte de un grupo de políticos que pertenecen al mismo grupo político del funcionario corrupto.