El pasado lunes, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, donde estuvo el presidente de la República, planteó un conjunto de ideas, que en la actual situación del país, merecen atención especial. Retomo diez que considero fundamentales. Son citas textuales:
1) México demanda un cambio y una transformación, pero sustentada en el respeto a la Constitución, a las leyes, a los derechos, así como a los recursos y garantías que nuestro sistema jurídico concede y reconoce a todas las personas.

2) La corrupción viola derechos humanos, al igual que la impunidad, la violencia, la inseguridad y la exclusión. Todos son factores que han incidido negativamente en nuestra convivencia social y en la calidad de vida de las personas (…)

3) Nuestro trabajo de mediación, conciliación, así como nuestras denuncias, exhortos y recomendaciones han sido posibles solamente por una condición inmutable e indispensable para el funcionamiento del Ombudsperson: su autonomía plena e independencia de todo poder e interés.

4) La autoridad que pretende vulnerar esta independencia y menoscabar nuestra autonomía vulnera los principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico que contraviene la esencia misma de nuestra Constitución y de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido en favor de la dignidad humana.
5) En la CNDH defendemos derechos, no defendemos privilegios, la base de nuestra actuación en ese sentido está en lo dispuesto por la Constitución y por las leyes, al margen de decisiones políticas o coyunturales.

7) Estamos convencidos de la necesidad y conveniencia de ajustar, tanto aquellas remuneraciones que resultan excesivas como aquellas que son insuficientes, pero tal cuestión debe hacerse siguiendo estándares internacionales, bajo parámetros objetivos y fundados en la Constitución, que no vulneren derechos, precaricen y debiliten el servicio público (…)

8) Requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de derecho, donde las instituciones civiles no están subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias o discrecionales.

9) Este Organismo Nacional no puede dejar de llamar la atención, al igual que en su momento lo hizo frente a la Ley de Seguridad Interior, sobre los riesgos implícitos en privilegiar las acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza, en particular con el establecimiento de una Guardia Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las fuerzas armadas, contraviene lo previsto actualmente en la Constitución (…)

10) Los diferendos entre los Poderes de la Unión deben dirimirse en el marco de la Constitución y de sus leyes, no deben transformarse en confrontaciones que polaricen posiciones y dividan a las instituciones y a la sociedad.