La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el pasado jueves su investigación sobre lo ocurrido el 22 de mayo de 2015 en el Rancho El Sol, municipio de Tanhuato, Michoacán, donde elementos de la Policía Federal (PF) abatieron a 42 presuntos delincuentes. El 1 de junio de 2015, publiqué en estas mismas páginas el artículo “Tanhuato, dudas razonables” donde planteaba preguntas sobre lo ocurrido en el supuesto enfrentamiento.

Ahora, la CNDH afirma, con pruebas contundentes, que por lo menos 22 de los fallecidos fueron ajusticiados arbitrariamente por los policías. Entonces escribí que “en un enfrentamiento de carácter militar en cualquier parte del mundo suele haber no sólo muertos sino también heridos y gente que ante la superioridad del adversario se rinde y entrega. No es el caso donde 42 presuntos delincuentes fueron abatidos y sólo un integrante de la PF perdió la vida’.

 Y planteaba que “ante los hechos de Tanhuato, sólo tengo preguntas. ¿Frente a la superioridad numérica de los integrantes de la PF, nadie de los presuntos delincuentes se rindió? ¿Los disparos de los integrantes de la PF fueron tan certeros que no provocaron ningún herido? ¿La moral de combate de los supuestos delincuentes es tan alta que prefieren morir peleando que entregarse? ¿El caso del Rancho el Sol es excepcional y no sigue la dinámica de lo que ocurre en casos semejantes?”

 Añadía que “las explicaciones que escucho y leo de los funcionarios, en particular del comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, no responden a las preguntas que planteo. Es posible que estemos realmente ante un hecho único donde unos delincuentes con una altísima moral de combate en defensa de su “causa” deciden luchar hasta el final antes de entregarse”.

 Y que “de acuerdo con declaraciones de Rubido García, ‘siguiendo los protocolos’ se invitó por megáfono a los presuntos delincuentes a entregarse, pero sólo tres de éstos respondieron al llamado. Galindo Ceballos afirma de manera categórica que ‘no hay una sola ejecución’. Los datos y argumentos de los funcionarios públicos deberían probar, para el bien de todos, el carácter único de lo que pasó. Hasta ahora ofrecen afirmaciones, pero no evidencias de lo que ocurrió. La falta de explicaciones contundentes plantea dudas razonables sobre los hechos”.

 Entonces decía que “de acuerdo con la versión oficial, participaron 100 policías federales que se enfrentaron a 45 presuntos delincuentes, en proporción de dos a uno, durante tres horas, en una extensión de 112 hectáreas. Los enfrentamientos ocurrieron en diversos sitios de la propiedad. ¿En todos esos espacios se aplicaron los protocolos y se pidió a los presuntos delincuentes que se rindieran? ¿Ante la muy evidente superioridad numérica, nadie se rindió?”.

La sólida investigación de la CNDH, después de un año y dos meses de los sucesos, responde con precisión a mis preguntas. Lo que en realidad sucedió, en contrario del informe oficial de la PF, es que los supuestos delincuentes no murieron en un enfrentamiento sino que por lo menos 22 de éstos fueron ajusticiados por la policía de élite que tiene el país. Ante las pruebas toca ahora a la justicia actuar.