Sedatu, ¿piedra para lo que se avecina?

REDACCIÓN
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A lo largo de 2014, las oficinas de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Campeche fueron tomadas en al menos 13 ocasiones, principalmente por seguidores del líder Luis Antonio Che Cu. El motivo de estas acciones de fuerza ha girado en torno a la presunta lentitud de la dependencia federal para dar certidumbre jurídica a miles de hectáreas en posesión de ejidatarios de los diversos municipios de la entidad.

El dato quedaría como un registro más del casi permanente reclamo campesino hacia la autoridad encargada de regular tierras en Campeche. Este año que arranca, sin embargo, la historia podría repetirse con el doble de manifestaciones campesinas, pero con conflictos potencialmente  más fuertes, según se desprende  de una investigación de El Expreso.

El sendos mensajes  pronunciados el 29 de octubre y el pasado 23 de diciembre, el titular de la Sedatu federal, Jorge Carlos Ramírez Marín, dio a conocer un ambicioso plan para  construir en este 2015 alrededor de 50 mil viviendas en los siete estados del país que se verán beneficiados con la Reforma Energética. Según el anuncio, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, y una parte de Chiapas, son las entidades en las que se podrán adquirir la mayor cantidad de terrenos con fines energéticos por parte de las empresas extranjeras y nacionales a partir de este 2015. En Campeche, los municipios que  están llamados a  registrar la mayor adquisición de tierras serán Carmen, Champotón y Campeche, principalmente.

La Sedatu ha dado a conocer que las firmas petroleras ya están en la etapa de búsqueda de ejidos y que por el momento se están desarrollando estrategias de orientación a fin de que los ejidatarios cuenten con la información suficiente para la venta de sus hectáreas. De hecho, la dependencia, en su papel de mediadora, ha modificado su reglamento interno y creó un área especializada, la Unidad de Utilización de Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros, para atender las inquietudes de los involucrados en la venta de tierras.

VIVIENDAS DE 800 MIL

No existe ninguna duda de que en el 2015 la Reforma  Energética transformará a Campeche. La entidad no solo deberá estar  preparada para la llegada de grandes  firmas petroleras mundiales, sino también de constructoras nacionales que tendrán la misión de construir una  meta sin precedente de viviendas.

Con el compromiso de que las casas que se entregan en  el campo “son en las que puede vivir con dignidad cualquier mexicano”, la  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá a partir de este 2015 regularizar lo más  pronto posible los terrenos que no tienen certeza jurídica en Campeche, donde se estima que la mayoría de las casas que se construirán serán de vivienda media, es decir, con un precio arriba de 800,000 pesos, según estimaciones de la propia dependencia federal.

La tarea de la Sedatu, en consecuencia, es doble en Campeche: gestionar ante el tribunal agrario la certeza jurídica de los terrenos y al mismo tiempo dejar satisfechos a campesinos, ejidatarios y comunidades indígenas cuando vendan sus tierras con potencial para la explotación petrolera y de gas.

Analistas consideran que los campesinos y ejidatarios difícilmente podrán rechazar las ofertas de las empresas petroleras. Según la Ley de Hidrocarburos y la de Industria Eléctrica los dueños de la tierra deberán negociar un acuerdo con aquellos que deseen explotar los recursos energéticos de su terreno y en caso de que éste no se concrete, el Estado ordenará —a través de una servidumbre legal— los pagos que le corresponden a cada propietario.

Entre las opciones que tienen los campesinos, ejidatarios y comunidades indígenas cuando en sus tierras se busque la explotación de petróleo, gas o la instalación de infraestructura eléctrica no está negarse a ceder su tierra.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, advierte que en muchos casos a los campesinos no les quedará otra opción más que una negociación forzada de sus tierras. “Serán muchos los agricultores que no tendrán la oportunidad de rechazar la explotación, se verían obligados a entrar en negociaciones (con Sedatu) y si no hay acuerdos se activará un mecanismo en el que pueden hacerse los pagos y acuerdos correspondientes ante órganos jurisdiccionales. Si un núcleo agrario tiene yacimientos de petróleo o tiene yacimiento de gas entra en un esquema en el que forzosamente va a tener que aceptar la ocupación temporal y va a tener que aceptar una contraprestación por su tierra. La posibilidad de que rechace esa explotación o exploración no está contemplado en la ley”, indicó el especialista.

Tanto en la ley de Hidrocarburos como en la Industria Eléctrica se aprobó el término “ocupación temporal”, que significa la entrega de los terrenos por tiempo limitado cuando no se llegue a un acuerdo de compra-venta.

Sin embargo, el tiempo de ocupación dependería del recurso a explotar, lo que según organizaciones campesinas es “una expropiación con otro nombre”.

VENTA DE TERRENOS OBLIGADA

“No tenemos alcance real de lo que ocurrirá. Nos dicen que ya no habrá expropiación, pero que sí nos pueden obligar a dar nuestras tierras cuando una empresa vaya y avise a Sedatu que hay algo que pueden explotar aquí. No sabemos cómo va funcionar todo, cuáles serán nuestras alternativas para seguir con nuestra actividad”, explicó Daniel García Toledo, Presidente de la Unidad de Manejo Forestal Istmo-Pacífico, citado por el diario Excélsior de la capital del país.

Tanto la Ley de Hidrocarburos como la de Industria Eléctrica indican que las actividades del sector son de utilidad pública y una prioridad del Estado, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra.

En el artículo 100 de la ley de Hidrocarburos se dice que “la contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales y los asignatarios (Pemex) y contratistas (la iniciativa privada)”.

Así, la empresa interesada deberá informar por escrito al dueño del terreno y notificar a la Sedatu que inició una negociación con el propietario.

Entre las contraprestaciones —o pagos— que las empresas están obligados a cubrir y cuyos montos se deben negociar está uno por la previsión de daños o afectaciones y una renta por concepto de ocupación.

Sólo cuando se trate de explotar petróleo o gas también se incluirá un pago de entre 0.5 y 3% de los ingresos por la comercialización del hidrocarburos.

Pero si el dueño de la tierra no acepta estas condiciones, tras 180 días naturales desde la notificación de la empresa el caso pasará a un Tribunal Unitario Agrario o a un Juez de Distrito en materia civil.

Con el caso en los tribunales, la Sedatu actuará de mediador entre el propietario y la empresas y según establecen las leyes siempre buscará “que las partes alcancen una solución aceptable y voluntaria”.

Si el caso no se resuelve en los tribunales agrarios, esa Secretaría “sugerirá” los pagos que recibirán los propietarios de los terrenos y si después de 30 días de negociación no hay un acuerdo, la Sedatu pedirá al Ejecutivo que ordene una “servidumbre legal” para que la empresa comience con sus actividades y entregue las contraprestaciones sugeridas, según un análisis del portal Animal Político.

LA TRABA: LOS TRIBUNALES AGRARIOS

Una investigación de los diarios Reforma y El Financiero mostraron que los resultados que actualmente tienen los tribunales agrarios dejan mucho que desear, pues cada año dejan pendientes prácticamente el mismo número de casos que resuelven.

Según cifras oficiales, citadas por ambos diarios, el 2014 inició con 43 mil 556 casos pendientes, pues en 2013 a los 52 mil 26 asuntos nuevos registrados se sumó el rezago de 41 mil 652 del año anterior y en total, se concluyeron 50 mil 122 expedientes.

En 2012 la historia es similar: se recibieron ese año 48 mil 306 nuevos expedientes, que se sumaron a los 41 mil 459 asuntos que quedaron en trámite en 2011. Al finalizar el año, los tribunales sólo resolvieron 48 mil 112.

Fue el 3 de noviembre de 2010 cuando fue creado el Tribunal Unitario Agrario (TUA) en Campeche. Ese día se anunció que su función sería agilizar la solución de la problemática agraria acentuada principalmente en Calakmul, Escárcega, Hopelchén, Candelaria y Carmen. Su creación fue aprobada por el pleno del Tribunal Superior Agrario y se le dio el número 50 teniendo como sede San Francisco de Campeche con competencia territorial en los 11 municipios del estado.

Uno de los asuntos más controvertidos que manejó el TUA 50 fue una expropiación en Atasta a favor de Pemex. El 29 de marzo de 2012, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa decretó la expropiación de terrenos ejidales de Atasta, en beneficio de Pemex. El documento ordenó y definió las cantidades que se debían pagar en favor de los ejidatarios. Hoy, reclaman que los pagos fueron injustos…