Todo comenzó desde la LIX Legislatura (2006-2009), cuando la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso modificaciones a las leyes locales para que los gobiernos paguen a los ciudadanos daños ocasionados en sus bienes o propiedades resultantes de la irresponsabilidad gubernamental.

Pero la siguiente Legislatura, la LX (2009-2012), concluyó con esa propuesta dentro de la llamada y tradicional ‘congeladora’, por lo que los integrantes de la LXI Legislatura (2012-2015) la heredaron en el inventario de asuntos pendientes.

Fue en febrero del 2013, cuando los entonces diputados priístas Pablo Sánchez Silva, José Canto Sosa y Miguel Ángel García Escalante, retomaron la propuesta original panista y la presentaron a la Secretaría General del Congreso del Estado.

El 3 de abril de ese año, la propuesta fue dada a conocer en una sesión del pleno y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondientes.

Hoy, los integrantes de la LXII Legislatura (2015-2018) dicen no saber absolutamente nada de esa propuesta que, en una revisión de EL EXPRESO, resultó que ya no es más una iniciativa, sino una ley aprobada tanto por el Congreso del Estado como por al menos 10 de los 11 Ayuntamientos de la entidad.

¿En dónde estuvo la ‘magia’ de la desaparición? Según los documentos consultados y en poder de este rotativo, fue la anterior administración estatal la que tenía la obligación de publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche la llamada Ley de Responsabilidad Patrimonial, que debería de entrar en vigor en enero del 2016, con todos los beneficios que la misma representa para miles de campechanos afectados por las malas -o nulas- obras de los gobiernos estatal y municipales.

Luego de su fase de análisis y dictamen en el Congreso local, que inició el 3 de abril del 2013, finalmente los legisladores campechanos, por unanimidad, aprobaron las iniciativas del PRI y del PAN el 24 de junio de de ese año.

En la bitácora de esa 24 sesión de la LXI Legislatura se lee que las reformas a la Constitución del Estado de Campeche tenían la finalidad de “incorporar el derecho a la indemnización resarcitoria por daños ocasionados a los bienes o derechos de los particulares con motivo de la actividad administrativa irregular del Estado y de los Municipios”.

Y añade: “Serán de enorme beneficio colectivo y social a los habitantes de nuestra entidad y sus municipios, ya que las mismas conllevan fortalecimiento de nuestro Estado de derecho, el cumplimiento de un imperativo de justicia y la elevación de la calidad y eficacia de los servicios públicos”.

Tras la aprobación de la iniciativa en el pleno del Congreso, por tratarse de una reforma constitucional, fue turnada a los once Ayuntamientos, pues los cambios a la carta Magna necesitan el aval de al menos el 50 por ciento más uno de los Cabildos.

Esa aprobación llegó el 5 de agosto del 2015, tras un lapso de más de dos años. En la sexta sesión de la Diputación Permanente, que en ese entonces encabezaba el priísta Ramón Ochoa Peña, se dio finalmente la aprobación definitiva de una adición al Artículo 6 y un Artículo 101 bis, para reformar la denominación del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado y sus municipios.

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Los Ayuntamientos que votaron a favor de esa reforma, fueron: Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén, Palizada y Tenabo.

Según los artículos transitorios aprobados por el Congreso, el decreto entraría en vigor el 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. El Congreso contaría con un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor, para expedir la correspondiente Ley de Responsabilidad Patrimonial, así como adecuar la legislación estatal. También señala que el Estado y sus Municipios deberán de incluir en sus Presupuestos de Egresos una partida específica para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.

Sin embargo, aunque el gobierno anterior, encabezado por Fernando Ortega Bernés, tuvo un lapso de 40 días para cumplir con la publicación del decreto, entre el 6 de agosto -el día siguiente de su aprobación- y el 14 de septiembre –último día de su gobierno- omitió la medida.

Una revisión de este rotativo a las ediciones del Periódico Oficial del Estado de Campeche corroboró que la reforma constitucional nunca fue publicado, por lo que si eso no ocurre antes del 31 de diciembre, los campechanos tendríamos que esperar por lo menos otro año para contar con esa legislación.

Un sondeo de EL EXPRESO con diputados del PRI y del PAN de la actual Legislatura confirmó que no tienen ni la más mínima idea de la existencia de esa ley. Hasta la semana pasada, diputados de las diferentes fracciones parlamentarias declararon que desconocían esa propuesta pero que la analizarían para retomarla.

El diputado del partido Morena, Carlos Martínez Aké, señaló que incluso presentaría la iniciativa porque la consideraba una propuesta importante.

El desconocimiento que existe en el Congreso del Estado podría afectar a la ciudadanía. De reiniciar el proceso desde un inicio para aprobar esa ley, podrían pasar otros tres o seis años antes de su aprobación.

El cuento de nunca acabar

Los nueve años que van entre el 2006 y el 2015 se tardaron para aprobar una ley que obligue a gobiernos a pagar daños a ciudadanos ocasionados por la irrresponsabilidad oficial, pero ahora quieren retomarla desde un inicio:

  • LIX Legislatura
    Presentó la propuesta
  • LX Legislatura
    La pasó a la ‘congeladora’
  • LXI Legislatura
    Retoma y aprueba la reforma
  • LXII Legislatura
    Desconoce la nueva ley

R. Vázquez Campos/ W. Delgado / Redacción
redaccion@multimedioscampeche.com