En su oportunidad, el senador de Campeche Jorge Luis Lavalle Maury, del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que la ley apuesta por la gradualidad, ya que cuando hay una variación intencional en el suministro de gasolina de 0.5% se considera una falta administrativa, y solo cuando se supera el 1.5% se considera un delito de las gasolineras, con penas de tres a seis años de prisión y multas de tres a 6,000 días de salario mínimo vigente.
“Lo que queremos es que se meta a los criminales a la cárcel, y que se defiendan los derechos, y por supuesto que se deje de lucrar con algo tan sensible como es un servicio tan básico, como es el acceso a los hidrocarburos que deben tener todos los ciudadanos de este país. Pero también queremos generar certidumbre jurídica”, expresó el senador campechano.
En el caso de gas estacionario y natural que compran los consumidores, el desfase tolerado antes de considerar un delito, con penas más graves a una falta administrativa que establezca la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), será de 3% en el suministro.
La bancada perredista también criticó que el delito de venta de litros incompletos no se persiga de oficio, de acuerdo con lo que marca la nueva ley.
Con información de http://m.cnnexpansion.com