De acuerdo a fuentes judiciales, en los próximos días, vía el pago de una fianza, saldrá libre el principal accionista de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, quien lleva varios meses en el reclusorio Oriente de la Ciudad de México, dio a conocer el columnista Alberto Barranco.

A través de su columna en el diario El Universal, el periodista recordó que el empresario está acusado de defraudar a Banamex tras recibir la firma contratista de Pemex una serie de préstamos por 450 millones de dólares, pese a que algunos se otorgaron en pesos.

La posibilidad ha provocado la irritación de la oposición legislativa, dada la magnitud del escándalo desatado, en cuyos ecos Oceanografía debió acudir a un concurso mercantil cuya conclusión, impugnado un acuerdo con acreedores, está en el limbo.

Lo cierto es que fueron más los “palos de ciego” lanzados a Yáñez por la Procuraduría General de la República, que los efectivos, por más que se habían realizado una serie de operaciones discutibles en la compañía, puntualizó Alberto Barranco.

En su columna, señaló que arraigado Yáñez Osuna en su casa de descanso de Acapulco, en la cresta del ciclón una tarde recibió la visita del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien a gritos lo acusaba de haber estado engañándolo.

Según el abogado de la nación el empresario habría incurrido en lavado de dinero al utilizar el producto de los préstamos de la discordia para adquirir vehículos de lujo, concretamente de la marca Roll Royce.

“Lo cierto es que las facturas exhibidas por el ex gobernador de Hidalgo en funciones policiacas, en efecto, fueron expedidas por la firma inglesa… sólo que amparando la compra de motores. Estos se habían adquirido para algunos de los barcos de la flota de la empresa con sede en Ciudad del Carmen, Campeche”, indicó el columnista.

Dijo que el caso es que aún cuando Yáñez hubiera cambiado de giro para convertirse en comerciante de automóviles de lujo, no había forma de acusarlo de lavado de dinero.

De hecho, –agregó– ni siquiera de desvío de los recursos de los préstamos, dado que estos no se habían etiquetado. Los 450 millones de dólares epicentro del escándalo fueron producto de operaciones de factoraje, es decir un simple descuento a cambio de facturas por cobrar con cargo a Petróleos Mexicanos.

El estruendo hablaba de que los documentos que cobraría por su cuenta el banco, descontándole a Oceanografía por concepto de comisión el 15% cuando los cobros eran en pesos y el 20% cuando se habían pactado en dólares, habían sido falsificados en parte. Sin embargo, Pemex no presentó querella. De acuerdo a Banamex, quien creó 3 fideicomisos para recibir los recursos, fueron 10 las operaciones realizadas.

La sorpresa es que de acuerdo al juez del concurso mercantil al que se emplazó a la empresa, Felipe Consuelo Soto, la operación está saldada en su mayoría, es decir Banamex ya cobró, afirmó el periodista.

En su columna también aseguró que en su resolución, el togado habla de diferencias entre las cantidades depositadas por la contratista de Pemex y las que eran aplicadas para el pago de la deuda en la mayoría de los descuentos reclamados por Banamex. El banco había reconocido un quebranto de sus utilidades por el caso Oceanografía de 3 mil 172 millones de pesos.

“La resolución del juez, quien no incluyó en la masa crítica de la quiebra la deuda con Banamex, fue avalada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del DF”, afirmó.

Reveló que la sentencia planteada por el magistrado Armando Cortés Galván, habla de que los adeudos reclamados por el grupo financiero son inconsistentes en definir el cargo, liquidez y exgibilidad.

Hay que recordar que la intervención y embargo de Oceanografía representó uno de los golpes más duros a la economía local y tiró los indicadores de empleo al afectar de un plumazo unas 11 mil plazas laborales, además de afectar a diversas empresas locales que le ofrecían diversos tipos de servicios.

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