Wilbert Alejandro García Arellano no solo extorsiona a empresarios campechanos, sino que además se pasea a costa de sacarles dinero.
El sujeto, quien se desempeña como jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), incluye viáticos y viajes en los “servicios” que presta su consultoría Asica, la cual tiene en sociedad con su hijo y cuyo representante legal es su concubina Marisol Ortiz Curmina, según consta en documentos en poder de EL EXPRESO.
Como se recordará, este diario ha estado exhibiendo pruebas de cómo este servidor público, quien tiene un salario neto de 14 mil pesos según en portal de servidores públicos del Gobierno Federal, se vale de su firma consultora Asica para obtener millones de pesos al año obligando a los empresarios campechanos a contratarla.
Su esquema es amenazar a los propietarios de negocios argumentando que sus empresas no recibirán la certificación ni entrarán al programa de Declaración en Línea (Declarab) y al programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el trabajo, a menos que contraten los servicios de Asica. Al menos 100 empresarios campechanos han sido víctimas de esta extorsión y chantaje del funcionario, quien solo a una empresa ha llegado a cobrarle 3.5 millones de pesos en un año.
Empresarios contactados por este rotativo subrayan que este sujeto está lucrando impunemente con un programa federal que es gratuito, al observar que solamente él es quien está facultado para certificar a las empresas, pues en su calidad de jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en la STPS, tiene esa facultad.
EL EXPRESO tiene en su poder un presupuesto que formuló la consultora Asica a la empresa Productos de Harina S.A. de C.V. que totaliza 28 mil 304 pesos por sus “servicios”. La empresa tuvo que desembolsar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de los “asesores” de Asica a fin de que le diera la certificación final (avalada por García Arellano) y se mantenga adentro del programa Declaralab.
En las condiciones del contrato, la consultora Asica advierte que el negocio debe pagar un adelanto obligado del 50 por ciento y que si la STPS hace observaciones (es decir el propio García Arellano) harían las adecuaciones solicitadas “sin costo”, pero advierten que su trabajo “no incluye el cumplimiento de las medidas físicas”, pues ese monto lo debe cubrir la empresa.
Redacción
[email protected]
