Apenas el viernes pasado, la Secretaría de la Contraloría había advertido que las investigaciones, y sanciones subsecuentes, contra funcionarios corruptos de la anterior administración estatal, iban en serio. Ayer, el titular de esa dependencia, Joaquín Sánchez Gómez, reveló la imposición de la primera multa e inhabilitación contra un exservidor público.

Aunque no reveló el nombre ni el cargo que ostentaba el inculpado, el secretario de la Contraloría dijo que se le impuso una inhabilitación de 12 años para desempeñar cualquier cargo en el servicio  público.

También dio a conocer que se le impuso una multa de 260 millones de pesos, los cuales le serán cobrados -incluso mediante el embargo- por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

Hay que recordar que, según la ley en la materia, cuando se trata de fraude al erario público, la sanción económica no puede ser menor ni igual al monto defraudado, por lo que el daño al patrimonio público por parte del exfuncionario estatal sería poco menor a los 260 millones de pesos.

En su comunicado de prensa, la Contraloría explicó que las faltas administrativas cometidas consisten en la omisión de declarar y enterar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las cantidades correctas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores de la Secretaría de Salud (SSA) en el último semestre del 2013, todo el ejercicio fiscal 2014, y el prmer semestre del 2015.

Hay que recordar que fue en noviembre pasado cuando la diputada, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, y secretaria general de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Martha Albores Avendaño, pidió a la Secretaría de la Contraloría fincar responsabilidades administrativas y penales por el presunto desvío de 500 millones de pesos del pago de impuestos que le fueron descontados a más de tres mil trabajadores federales del sector salud.

El procedimiento administrativo-disciplinario contra el exfuncionario estatal, del que, por reservas de ley, no se dio a conocer su nombre ni su cargo, fue instaurado a través del Órgano Interno de Control del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (Indesalud).

No hay que olvidar, además, que este exservidor público estatal del sexenio pasado sería apenas el primero en recibir la sanción correspondiente, puesto que el propio Sánchez Gómez dio a conocer, a mediados de diciembre pasado, que había iniciado sendos procedimientos administrativos contra 20 exfuncionarios del gobierno anterior, encabezado por Fernando Ortega Bernés, tres de los cuales serían inhabilitados hasta por diez años, nueve recibirían amonestación pública, cuatro recibirían suspensión temporal del empleo y otros tres tendrían sanciones económicas.

El fin de semana, el titular de la Secont ratificó el compromiso del Gobierno del Estado para sancionar la corrupción de funcionarios y exfuncionarios que sean hallados culpables tras las investigaciones.

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