La clase política campechana y el sector empresarial de la entidad, sin importar las siglas ni colores, coincidieron en que el embargo de bienes al excoordinador administrativo de la Secretaría de Salud, Miguel Román Duarte Reyes, es una muestra del combate a la corrupción, pero algunos añadieron que se tiene que ir más lejos.
Políticos del PRI, PAN, y de Morena, así como los líderes de las cámaras de Comercio, de la Construcción, de Restauranteros y del Consejo Coordinador Empresarial, que aglutina a todas las anteriores, señalaron que lo que debe de privar es la aplicación de la ley.
El presidente del PRI estatal y diputado del V Distrito, Ernesto Castillo Rosado, señaló que las sanciones impuestas y las medidas legales para hacerlas cumplir no significan que se trate de una cacería de brujas ni que se politice la justicia, “simplemente es la aplicación de la ley sin importar procedencia o ideología partidista”.
Para el coordinador de diputados del PAN, Carlos Sosa, y el dirigente de Morena, Manuel Zavala, el embargo es una buena medida para garantizar el pago de la multa, pero se tiene que profundizar la investigación, castigar a todos los involucrados y, sobre todo, averiguar dónde quedaron los recursos no pagados al SAT.
En tanto, los empresarios Gustavo Rodríguez, Verónica Ceballos, Abraham Cervera y Víctor del Río, afirmaron que si hay culpables se les debe de castigar conforme a la ley.
Wilmer Delgado y Luis Calderón
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