La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una ampliación de denuncia penal contra el exdirector  general de  la Administración Portuaria Integral Campeche (API), David Uribe Haydar, por el incumplimiento de medidas respecto a la extracción ilegal de material pétreo en terrenos forestales de Seybaplaya, presuntamente por parte de la empresa cementera Montserrat.

Cabe recordar que en marzo de 2015, la delegación federal de Profepa realizó visita de inspección en materia forestal a un predio donde se llevaba a cabo el aprovechamiento de material pétreo, localizado en el camino que conduce al balneario Payucán, en terrenos forestales del ejido Seybaplaya, municipio de Champotón.

Ahí, los inspectores federales constataron, en ese momento, cambio de uso de suelo sin contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por aproximadamente 6.5 hectáreas.

Por lo anterior, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del sitio, con lo que se buscó evitar que se ocasionaran mayores daños al ambiente.

Asimismo, la Procuraduría presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal (MPF) por la posible comisión del delito de Cambio Ilícito de Uso de Suelo Forestal, previsto y sancionado en el artículo 418, fracción I del Código Penal Federal, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Sin embargo, hace unos días, la Profepa llevó a cabo nuevamente una visita de inspección, que llevó a la presentación de una ampliación de denuncia en contra de Uribe Haydar como exdirector de la API como posible partícipe en los hechos ilícitos, así como la formulación de una querella por el incumplimiento de medidas que constituye un delito contra la gestión ambiental previsto y sancionado en el artículo 420, fracción V del Código Penal Federal.

DENUNCIAS ACUMULADAS

La Profepa también dio a conocer que a lo largo del 2015 recibió un total de cuatro quejas en contra de la cementera Montserrat por diversos impactos ambientales en la región, aunque todas las descartó: por presunta ocupación ilegal de Zofemat, manejo inadecuado de residuos peligrosos, e impactos en atmósfera, agua y suelo.

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En abril de 2015, la Profepa recibió una denuncia ciudadana  en la que se alertaba de  diversas actividades  irregulares en la  Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat),  lo que motivó que se ordenara una visita de inspección en la materia. Sin embargo, al verificar el título de concesión y el estado de la misma, dijo que no encontró irregularidades.

Posteriormente,  el 6 de agosto, la Profepa recibió otra  denuncia por presuntas irregularidades en el manejo inadecuado de residuos peligrosos. Sin embargo, aunque la empresa no presentó la documentación en el momento, lo hizo con posterioridad y cumplió con las medidas impuestas.

A fines de ese mismo mes, la “Asociación de Pescadores Libres” de Champotón presentó una tercera denuncia contra Monserrat, ahora por la instalación y funcionamiento de una planta de concreto y  por impactos ambientales en agua y suelo, así como  afectación a los recursos naturales,  desequilibrio ecológico y graves daños a la salud.

Según la Profepa, en la inspección realizada los días 14 y 15 de septiembre los inspectores “no encontraron hechos u omisiones que pudieran ser  motivo de sanción por  parte de esta autoridad”.

Por último, el 28 de octubre, la misma organización de pescadores presentó una cuarta denuncia por contaminación a la atmósfera, agua y suelo, así como afectación a los recursos naturales,  desequilibrio ecológico y grave daño a la salud por fuentes emisoras de la planta de cemento, a lo que la Profepa respondió que “a la fecha no ha encontrado  evidencias de alguna afectación ambiental, fuera de las valoradas en las manifestaciones de impacto ambiental presentadas por la empresa”.

Redacción
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