La detención del ex secretario de Salud, Alfonso Cobos Toledo, y del ex director administrativo del Indesalud, Miguel Román Duarte Reyes, por fraude y abuso de confianza, fue confirmada el día de ayer tras la denuncia interpuesta por parte de la Contraloría estatal.

A mediados del mes de febrero pasado, la Secretaría de la Contraloría dio a conocer que un funcionario de la pasada administración había sido inhabilitado por no informar de manera correcta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las cantidades del Impuesto sobre la Renta retenido a trabajadores del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (Indesalud), y aunque en ese momento no se dio a conocer la identidad del funcionario, trascendió que se trataba del ex director administrativo de dicha institución, Miguel Román Duarte Reyes.

Aquella ocasión, EL EXPRESO encontró que el ex funcionario habría sido de la confianza del cuestionado ex secretario de Salud y ex alcalde de El Carmen, Enrique Iván González López, y mano derecha del también detenido ex titular de la SSA, Alfonso Cobos Toledo.

De hecho, Duarte Reyes asumió la titularidad de la Secretaría de Salud de manera interina cuando solicitó permiso Enrique Iván González López (entonces secretario) para postularse como candidato del PRI a la alcaldía de El Carmen.

Asimismo, se dio a conocer que Duarte Reyes fue inhabilitado por 12 años y sujeto a una sanción de 260 millones de pesos por desvío de recursos, además que tenía un salario de 85 mil pesos mensuales desempeñándose como director Administrativo de la Secretaría de Salud, y decidía quién merecía bases, contrataciones y presuntamente a quién dar por ganadores en las licitaciones de la dependencia.

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Días más tarde, el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados fue actualizado y se incluyó Duarte Reyes al listado, sumando un total de diez funcionarios estatales sancionados.

El documento señalaba que Duarte Reyes fue inhabilitado por 12 años por violar las leyes y normas presupuestales, ante la denuncia de otro funcionario público y la consecuente investigación de la Contraloría .

Pero la inhabilitación no fue el único proceso en su contra, pues también se confirmó que siete propiedades suyas fueron embargadas. Dichos predios estaban localizados en los municipios de Campeche, Champotón y Hecelchakán, dos de ellos en copropiedad con otras personas.

Las propiedades estaban distribuidas en el Barrio de Guadalupe, en Fracciorama 2000, en Ciudad Concordia, en la colonia Ignacio Zaragoza y en el Fraccionamiento La Vista, mientras que la del municipio de Hecelchakán se encuentra sobre la carretera federal; y la del municipio de Champotón está en el área de playa de la Junta Municipal de Seybaplaya.

Redacción
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