La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ana Patricia Lara Guerrero, reconoció que las dos denuncias en contra del diario La Opinión podrían tratarse de un caso de acoso judicial, por lo que, de ser estudiado el caso y confirmado, emitiría las recomendaciones pertinentes contra cualquier persona o servidor público que viole los derechos humanos a la libertad de prensa y de expresión.

Ayer EL EXPRESO le informó que contra el diario La Opinión pesan dos denuncias, una civil y otra penal, la primera por presunto “daño moral” y la segunda por presunto “uso de recursos de procedencia ilítica”, pero ambas presentadas por la misma persona: Sonia Jaqueline Cuevas, senadora suplente del PRI, exalcaldesa de Calkiní y exlideresa de la CNC, con lo que quedó confirmado que el único objetivo de la “gestora social” es callar a La Opinión.

Entrevistada al respecto, Lara Guerrero ofreció brindar apoyo, asesoría y trabajar en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a fin de estudiar, analizar y, en su caso, hacer recomendaciones en torno a presuntas violaciones a la libertad en el ejercicio periodístico.

Luego del fallo injusto, excesivo y contrario a derecho del juez Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco, que sentenció a directivos y periodistas de La Opinión al pago de seis millones de pesos a Cuevas Kantún por el supuesto “daño moral”, la ombudsman estatal reconoció que nunca antes se había presentado un caso de esta naturaleza en la entidad, por lo que mostró interés en atender la situación.

Al dejar en claro que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Campeche (Cedhcam) no tiene injerencia en cuestiones jurisdiccionales como autos, órdenes de aprehensión y sentencias, Lara Guerrero explicó que los organismos de defensa de los periodistas son también organismos que tienen peso para analizar el caso.

A Lara Guerrero se le expuso que existen dos denuncias de diferentes naturalezas, presentadas por la misma persona en contra de periodistas de La Opinión, ante lo cual pidió acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para exponer esas inquietudes y se inicie formalmente el análisis del caso, aunque aclaró que no pueden analizar el proceso judicial, pero sí determinar si existen violaciones a las libertades de prensa y expresión garantizadas en la Constitución.

Luego de explicarle que la segunda denuncia, sospechosa a todas luces, pide investigar a La Opinión por presunto uso de recursos de procedencia ilícita, lo cual constituiría un caso de acoso legal y judicial, Ana Patricia Lara Guerrero dijo que sí podría tratarse de un caso de acoso a la prensa: “Podría ser. Habría que checar si eso cuadra dentro de esa situación, pero hay que analizar bien el caso, pero podrían acercarse con nosotros para estudiarlo”, solicitó.

-¿Y en caso de que si cayera en un acoso judicial entonces se emitiría la respectiva recomendación contra el órgano jurisdiccional correspondiente?

“Sí, nosotros podemos emitir resoluciones a cualquier organismo que realice un acto de naturaleza administrativa que viole los derechos humanos, cualquier persona que sea servidor público estatal o municipal”, concluyó.

Redacción
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