Los abogados defensores del exalcalde y el extesorero del Ayuntamiento de El Carmen en el trienio pasado pidieron la duplicidad de término al Juez de Control para resolver su situación jurídica, luego de ser detenidos por peculado al acusárseles del desvío de 9 millones 281 mil 392 pesos, dinero que era de un préstamo para inversión pública.
En la sala Federación de San Francisco Kobén, ante la Juez Segundo de Control, el domingo a las 09:05 horas inició la audiencia de formulación de imputación dentro del expediente 265/15-16.
De acuerdo con la denuncia interpuesta por el director de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jorge Alejandro Arcila R. de la Gala, ante la Fiscalía General del Estado, la Sexagésima Primera Legislatura aprobó un crédito al Ayuntamiento de Carmen por 214 millones de pesos, el dinero se debería utilizar en inversiones públicas productivas.
Del total del dinero, nueve millones 281 mil 392 pesos fueron desviados y tres millones 131 mil 72 pesos fueron utilizados para el pago de comisiones bancarias.
Mientras que los seis millones 150 mil 320 pesos restantes se utilizaron para el pago a la compañía Estrategias Empresariales del Estado de Chiapas.
Al ser desviado el dinero, la Auditoría Superior del Estado decidió interponer la denuncia ante la Fiscalía pues si la Comuna necesitaba dinero debería de agarrarlo de las partidas federales y no del préstamo que se les autorizó.
Es por esta razón que se denunció al alcalde por tener conocimiento de los desvíos de recursos que eran para obra pública; en el caso del tesorero por no guardar y administrar bien el dinero.
Una vez que la Fiscalía dio a conocer de qué se les acusaba a los dos detenidos, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso.
En su intervención, los dos detenidos se reversaron el derecho a declarar, de ahí su defensa solicitó la duplicidad de término para determinar la situación jurídica de ambos indiciados.
La audiencia de vinculación a proceso se fijó para el próximo primero de septiembre a las 14:00 horas, en la sala Federación.
La Fiscalía también solicitó la prisión preventiva no oficiosa de los dos ex servidores públicos durante todo lo que queda del proceso, al exponer que los dos indiciados podrían sustraerse de la acción de la justicia al viajar al extranjero, además de no tener un domicilio en la capital del estado, al radicar en Carmen.
La autoridad ministerial también expuso al Juez que los dos ex servidores públicos fueron citados a declarar en un par de ocasiones sin hacerlo, al no encontrarse los domicilios de ambos indiciados tanto en Ciudad del Carmen como en la capital del estado.
Además de poner en riesgo a los testigos de la Fiscalía al ser amenazados o cometer un ilícito en su contra.
Por su parte, la defensa de los acusados consideró que la prisión preventiva era una medida cautelar muy severa al estar acusados ambos ex servidores públicos de un delito menor, por ello pidieron que ambos indiciados acudiera a firmar de manera periódica a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca).
Como argumento dijeron que en el caso del ex tesorero no tenía un pasaporte vigente para salir del país.
En el caso del ex alcalde mencionaron que el indiciado cuenta con domicilio en la entidad, quien al tener problemas cardiacos se pasa la mayoría del tiempo en la ciudad donde recibe atención médica.
El ex presidente municipal dijo que sus viajes al extranjero eran para buscar un donador de riñón para su hermana y se comprometió a dejar su Visa y Pasaporte para no poder viajar a otro país y así evadir la justicia.
La defensa de los ex servidores públicos manifestó que ambos indiciados no podían amenazar o cometer delito alguno en contra de los testigos al no conocer quiénes eran.
Una vez valoradas ambas partes, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva no oficiosa a los dos indiciados.
De acuerdo con el Código Penal, el delito de peculado se castiga con cinco a 10 años de cárcel y multa de 500 a dos mil días de salario.
Jorge Pérez
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