En el marco del Día Mundial de la Alimentación, las agrupaciones de Greenpeace y apicultores mayas exigieron al gobierno que se declare a la Península de Yucatán como zona libre de transgénicos luego de los daños al medio ambiente y los problemas que causan a la ciudadanía, como el glifosato.

Tras participar en el Tribunal Internacional contra Monsanto, que se desarrolló en La Haya, Países Bajos este 15 y 16 de octubre, Angélica Ek y Feliciano Ucán, apicultores mayas de Hopelchén,  señalaron que al oponerse a la siembra de transgénicos en su territorio es mantener su modo de vida, cultura, tradiciones y el vínculo sagrado con la naturaleza de las comunidades indígenas, que ya viven los impactos negativos de la siembra de soya  transgénica.

Los apicultores expusieron frente a juristas internacionales  el caso de Campeche, donde la huella de Monsanto  ha provocado muerte de abejas, afectaciones en flora y fauna de la región, construcción de pozos ilegales de extracción y absorción de agua, pérdida dramática de masa forestal. Tan solo entre 2005-2015 se perdieron 59 mil 880  hectáreas de selvas muchas de las cuales están siendo cultivadas con soya y maíz. Lo anterior, está relacionado con los daños que provoca el modelo de agricultura industrial impulsado por la trasnacional y sus productos como los herbicidas a base de glifosato, que el año pasado fue catalogado como probable cancerígeno para el ser humano.

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Los jueces del Tribunal Internacional contra Monsanto se manifestaron interesados en conocer más sobre el caso de los apicultores mayas y hacerse de más información para incorporar en sus conclusiones que serán presentadas el próximo 10 de diciembre.

“El gobierno mexicano debe escuchar las experiencias de agricultores y comunidades alrededor del mundo, como las expuestas en el Tribunal Internacional contra Monsanto, donde se presentaron evidencias de los daños que ha provocado esa empresa y prohibir sustancias como el glifosato, el herbicida más usado en nuestro país, y que cuya presencia se ha detectado en cuerpos  de agua de la Península”, dijo María Colín, asesora legal de Greenpeace.

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