En el marco del Día Mundial de la Alimentación, las agrupaciones de Greenpeace y apicultores mayas exigieron al gobierno que se declare a la Península de Yucatán como zona libre de transgénicos luego de los daños al medio ambiente y los problemas que causan a la ciudadanía, como el glifosato.
Tras participar en el Tribunal Internacional contra Monsanto, que se desarrolló en La Haya, Países Bajos este 15 y 16 de octubre, Angélica Ek y Feliciano Ucán, apicultores mayas de Hopelchén, señalaron que al oponerse a la siembra de transgénicos en su territorio es mantener su modo de vida, cultura, tradiciones y el vínculo sagrado con la naturaleza de las comunidades indígenas, que ya viven los impactos negativos de la siembra de soya transgénica.
Los apicultores expusieron frente a juristas internacionales el caso de Campeche, donde la huella de Monsanto ha provocado muerte de abejas, afectaciones en flora y fauna de la región, construcción de pozos ilegales de extracción y absorción de agua, pérdida dramática de masa forestal. Tan solo entre 2005-2015 se perdieron 59 mil 880 hectáreas de selvas muchas de las cuales están siendo cultivadas con soya y maíz. Lo anterior, está relacionado con los daños que provoca el modelo de agricultura industrial impulsado por la trasnacional y sus productos como los herbicidas a base de glifosato, que el año pasado fue catalogado como probable cancerígeno para el ser humano.
Los jueces del Tribunal Internacional contra Monsanto se manifestaron interesados en conocer más sobre el caso de los apicultores mayas y hacerse de más información para incorporar en sus conclusiones que serán presentadas el próximo 10 de diciembre.
“El gobierno mexicano debe escuchar las experiencias de agricultores y comunidades alrededor del mundo, como las expuestas en el Tribunal Internacional contra Monsanto, donde se presentaron evidencias de los daños que ha provocado esa empresa y prohibir sustancias como el glifosato, el herbicida más usado en nuestro país, y que cuya presencia se ha detectado en cuerpos de agua de la Península”, dijo María Colín, asesora legal de Greenpeace.
Redacción
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