Representantes de comunidades mayas de Campeche expresaron su “rechazo” y su “inconformidad” por la “desinformación y confrontación que generan las autoridades federales al pretender apresurar y dividir a las 36 comunidades del municipio de Hopelchén”, según manifestaron en un comunicado.

El documento relata que el pasado 14 de noviembre, en la localidad de Dzibalchén, se llevaron a cabo en unas cuantas horas las fases ‘Deliberativa’ y ‘Consultiva’ de la consulta indígena sobre la siembra de soya transgénica, en una junta en la que sólo participaron cerca de 40 hombres, de un total de más de 3,500 habitantes, liderados por algunos sembradores de soya.

En esta sesión se tomó una decisión que, si bien es respetable, no puede equipararse a una consulta previa, libre e informada a un pueblo indígena, señalan. “La Cibiogem y la CDI vuelven a buscar a los pequeños grupos de simpatizantes de la soya transgénica, y violando los plazos, las fechas y las fases que se habían acordado en la última reunión efectuada el 15 de octubre en la cabecera municipal con representantes debidamente nombrados de 34 comunidades mayas, vuelven a repetir la misma estrategia de división impulsada previamente en la comunidad de Iturbide en donde avalaron que un grupo reducido de soyeros en una simulación de consulta y a nombre de la población, aceptara la siembra de soya genéticamente modificada”. Explica que ese proceso en Iturbide ya fue impugnada por el comisario, con el respaldo de una asamblea comunitaria tres veces mayor a la de los firmantes a favor de la soya transgénica.

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“Las 35 comunidades participantes hemos acordado seguir este proceso de Consulta de manera ordenada, en diálogo y discusión directa con las autoridades federales encargadas de llevarla a cabo por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar del ambiente enrarecido que han generado las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de la sentencia, es decir Cibiogem y CDI, así como Sagarpa y Senasica, quienes han sido negligentes, e incluso cómplices de la siembra ilegal de soya transgénica (cuyo permiso ha quedado cancelado por el fallo de la SCJN desde noviembre de 2015)”.

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