El día de hoy los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverán un amparo presentado por el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, quienes esperan la cancelación del permiso otorgado a la empresa transnacional Monsanto para sembrar sus semillas transgénicas en el territorio de Quintana Roo.

La ponencia está a cargo del Ministro José Fernando Franco González, y aunque no atañe directamente a Campeche, podría ayudar a confirmar o debilitar las sentencias que productores mayas de Campeche y Yucatán han ganado en esa misma materia.

En un comunicado, los indígenas mayas del estado de Quintana Roo dan a conocer una serie de pormenores donde señalan que desde que se enteraron que el Gobierno Federal había otorgado un permiso, por tiempo indefinido, a la empresa transnacional Monsanto para sembrar semillas transgénicas en sus territorios, iniciaron acciones para la suspensión del mismo.

Desde entonces, los habitantes del Poniente de Bacalar, pertenecientes al pueblo maya, se dieron a la tarea de conocer quién es y qué hace esa empresa, por dónde ha estado y qué piensan las comunidades en donde se ha asentado.

Hay que recordar que la misma situación vivieron los indígenas mayas de Campeche, que alegaron que la soya transgénica afectaba gravemente la actividad apícola de la región. Además,  se ha demostrado la grave contaminación del agua subterránea, y no sólo del agua sino que se ha encontrado Glifosato hasta en el organismo de los habitantes de la región de Los Chenes, tal como documentó EL EXPRESO en una amplia investigación publicada el año pasado.

Grupos indígenas de la entidad presentaron una demanda contra los permisos otorgados por Sagarpa a Monsanto y obtuvieron un amparo dictado por la SCJN que suspendió los permisos hasta que se realice una consulta indígena sobre la siembra de soya genéticamente modificada, misma que actualmente se realiza, aunque con diversas denuncias de irregularidades de las autoridades competentes.

Hoy, la SCJN dictará sentencia sobre el amparo solicitado por los mayas del estado vecino.  “No permitiremos que nos despojen de nuestros recursos naturales”, señala el comunicado del Consejo Regional Indígena Maya del Poniente de Bacalar.

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