Las 600 hectáreas que el exgobernador  de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa compró mediante prestanombres y empresas fantasma en el ejido de Lerma, Campeche, figuraron ayer en la larga lista de acusaciones que le imputa la PGR y que un juez guatemalteco le leyó, mismas que fueron negadas por el político priísta, quien dejó en el aire si se allana o rechaza la extradición a México.

Al leerle los cargos al exmandatario detenido el sábado en un lujoso hotel del vecino país, el juez explicó que fue el abogado fiscalista Alfonso Ortega quien le propuso a Duarte hacer negocios en terrenos de Campeche.

Para comprar las 21 parcelas en el ejido de Lerma, estas fueron repartidas entre el propio Ortega, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Moisés Mansur Cysneiros, quienes a su vez demostraron falsamente en una asamblea ejidal -probablemente en complicidad con autoridades ejidales de Lerma- haber vivido más de un año en la comunidad  y con ello poder acreditar que fueron reclutados por el núcleo ejidal y así tener derecho a realizar la compra.

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Luego, a través de diversas triangulaciones, las 600 hectáreas correspondientes a las 21 parcelas del ejido de Lerma habrían sido vendidas por medio de empresas fantasma, entre las que se encuentran Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios, y Consorcio Brades S.A.deC.V.

Según los cargos leídos a Duarte de Ochoa, incómodo en el banquillo de los acusados del juzgado guatemalteco, habrían tenido un costo total de 20 millones de pesos.

Redacción y Wilmer Delgado
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