El miércoles de la semana pasada, Javier Duarte de Ochoa compareció ante un juez de Guatemala, quien le leyó una larga lista de delitos que le imputa la PGR, entre los que se encuentra la compra fraudulenta de 600 parcelas en el ejido de Lerma, Campeche.

Ante ello, el líder del Movimiento Campesino Tierra y Libertad, Pedro Celestino May Can, confirmó la red de corrupción que se tejió en Campeche y explicó la forma en que los supuestos prestanombres ‘despojaron’ a los ejidatarios de Lerma de sus tierras.

En entrevista, May Can explicó que desde el 2009 se inició el proceso para el cambio de destino de las tierras ejidales de Lerma, de uso común a parcelas. Este trabajo lo hizo la empresa ICAE de México, cuyo apoderado legal era Antonino Almazán Arteaga y Miguel Velázquez Nieva, representante personal de Almazán Arteaga.

Mencionó que cuando terminó el proceso, salieron 800 parcelas en el ejido de Lerma. De las 800 parcelas, Antonino Almazán Arteaga y Miguel Velázquez Nieva se quedó con 600 parcelas escrituradas a nombre de varios prestanombres, y a los ejidatarios les vino quedando un total de 200 parcelas que fueron llevadas al notario público Enrique Castilla Magaña, donde ellos hicieron una cesión de derecho de sus 45 hectáreas que les toca a cada uno de los ejidatarios, esto el 30 de marzo del 2009.

Así, las 600 parcelas de tierras a nombre de Antonino Almazán Arteaga y Miguel Velázquez Nieva, junto con Abel Muñoz Lagunes, Luis Alberto Ku Flores, Santa Bartola Acuña, Alfonso Ortega López, Cruz García Ramírez, Moisés Mansur Cysneiros,  María Isabel Riveroll Mendoza, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Genaro Rosas Bocardo, Jorge Enrique Pérez Ruiz, Eugenia del Socorro Pérez Ruiz, Héctor Apolinar Huescas Damián, Víctor Manuel Urtusuástegui Astorga y Pablo Gómez. Hoy, varios de ellos se encuentran prófugos.

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Detalló que estos “empresarios” se presentaron el 21 de agosto del 2011 una carta que les extendió el Comisario Municipal de Lerma, Gregorio Ayuso, de que tenían residencia en dicho ejido, pero que cuando se verificaron las direcciones estas comprendían de ejidatarios lermeros y no de ellos.

“El comisario que les dio eso era Gregorio Ayuso, y también involucrada la que le sucedió de Comisario Municipal, Gabriela Albarán Hernández, que expidieron una carta de avecindado. Si ella no hubiera dado la carta de residencia, no hubiera habido el despojo de tierras, no hubiera entrado Duarte, pero sabían que estaban protegiendo a un grupo que traía el poder”, externo.

Así también, señaló que a cada uno de los 172 ejidatarios le dieron 230 mil pesos ante el notario Enrique Castilla Magaña por la cesión de sus derechos, con pagos de cinco mil pesos mensuales pero a casi la mitad no les terminaron de pagar.

De igual modo, precisó que algunos ex funcionarios de la administración pasada están involucrados en este ilícito, entre ellos delegados de la Procuraduría Agraria (PA) y del Registro Agrario Nacional (RAN).

“Pedimos una justicia digna, que sean llevados ante las autoridades competentes, la PGR, principalmente que sean llevados los Comisarios Ejidales, los Municipales, y todos los que participaron en el apoyo de Javier Duarte”, sentenció May Can.

Finalmente, dijo que se oyen rumores de que en la Asamblea que será celebrada este 30 de abril van a darles unos ‘centavos’ a los ejidatarios para que se calmen, “para que les digan que las cosas no son realmente como dicen en Guatemala, que no ha pasado nada”.

Gilberto Ávila
redacción@multimedioscampeche.com