La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SemarnatCam) reveló la identificación y localización de una quema no autorizada de 486 hectáreas y el desmonte de diversas áreas que suman mil 200 hectáreas más, todo en el ejido de Iturbide, municipio de Hopelchén.

En conferencia de prensa, el encargado de despacho de la dependencia, Alberto Escamilla nava detalló que esto se dio a través de los recorridos vía terrestre y aérea en esa zona, por lo que a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente procederá a la denuncia ante la instancia competente para que se realicen las investigaciones y se sancione conforme a la ley.

Aacompañado del gerente estatal de la Conafor, Alonso Pacheco, y del procurador de Protección al Ambiente del Estado, José Bravo Negrín, Escamilla explicó que al detectarse diversos puntos de calor en una misma zona en Iturbide, se procedió a ubicar el sitio, identificándose que el fuego había afectado zona de selva en una superficie de aproximadamente 486 hectáreas y diversas superficies deforestadas con maquinaria pesada.
Calificó la deforestación en Hopelchén como “crítica”, principalmente por el desarrollo de actividades agrícolas.

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“Es una situación crítica, en el sobrevuelo participó personal de Profepa, ya tiene información y no se puede pasar por alto, debido a que son desmontes ilegales, no tiene permiso; la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente no ha dado un solo permiso”, dijo.

Además, aclaró que lo encontrado en el lugar no corresponde al proceso de roza-tumba-quema utilizada en esta región, debido a que el desmonte fue realizado con maquinaria y en una superficie mayor: “Una milpa maya no sobrepasa cinco hectáreas, en ocasiones no llega ni a una hectárea, la característica es que se trata de una superficie pequeña”.

Indicó que además de la denuncia ante la Profepa se notificará a instituciones como la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y la Sagarpa para que no sean auspiciados los terrenos para la siembra de cultivos agrícolas ni para ganadería.

Mientras tanto, Bravo Negrín explicó que esta situación corresponde a delitos federales y la instancia competente es la Profepa, encargada de integrar la información para proceder con la denuncia ante la PGR.

Redacción.