Un Tribunal Colegiado con sede en Cancún declaró “insubsistente” el Acuerdo General para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), firmado por los gobernadores de Campeche, Quintana Roo y Yucatán en 2016, por haber excluido al pueblo maya en la elaboración y puesta en marcha de la iniciativa regional.
El acuerdo, presentado por los mandatarios estatales en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Biodiversidad (Cop-13), celebrada en ese centro turístico en diciembre de 2016, se elaboró y firmó “sin el conocimiento, participación y consentimiento del pueblo maya”, concluyó el Tribunal.
La sentencia, de carácter definitivo y no recurrible jurídicamente, establece que el ASPY queda sin efecto en las tres entidades federativas hasta que se cumplan diversas condiciones, entre ellas, la realización de una consulta pública indígena que involucre a todo el pueblo maya, lo que implica que dicha consulta será la más grande en su tipo que se haya realizado en México, indicó Raymundo Espinoza, abogado de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
Dicha Asamblea asistió jurídicamente al Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, que promovió en enero de 2017 un amparo en contra del ASPY. La demanda fue desechada en la primera instancia, pero recurrida ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en Cancún, que el 06 de junio falló a su favor.
El ASPY forma parte de una estrategia regional elaborada por The Nature Conservancy, a petición de las tres entidades, para afrontar y mitigar los impactos del cambio climático, a través de acciones que fomenten el turismo verde, la aplicación de energías renovables, eólicas, fotovoltaicas u otras; manejo de la biodiversidad, reforestación de la selva maya.
Para las comunidades mayas, en realidad, el Acuerdo constituye un marco regulatorio para cobijar la realización de un conjunto de proyectos en territorios indígenas para despojar a las comunidades, subrayó Espinoza.
Redacción.
