Francia se declara en guerra. En Siria y en su propio territorio. El presidente François Hollande extenderá el estado de emergencia al menos tres meses más, propondrá una reforma constitucional para dar más poder a la policía y multiplicará los bombardeos sobre las posiciones sirias del Estado Islámico. Una víctima colateral de la reacción francesa será la estabilidad presupuestaria, es decir, la política de recortes. Hollande quiere gastar lo que haga falta para elevar la seguridad de los franceses.
Tres días después de los atentados del viernes pasado, con toda la pompa posible (reunión conjunta en Versalles de la Asamblea y el Senado, himno nacional cantado por todos los parlamentarios, Torre Eiffel iluminada con el tricolor de la bandera), Francia emprende un nuevo rumbo. Hollande encontrará, probablemente, a una oposición muy dispuesta a apoyarle en el endurecimiento de las medidas antiterroristas.
El presidente de la República, que hasta ahora intentaba mantener un cierto equilibrio entre el socialismo gauchista y contrario a las medidas excepcionales, y el socialismo duro y pragmático representado por su propio primer ministro, Manuel Valls, se ha decantado claramente hacia lo segundo.
En primer lugar, Hollande quiere incrementar su potencia de fuego en Siria. El portaaviones Charles de Gaulle llegará a la zona en los próximos días y triplicará el número de cazabombarderos franceses. Al decir que actuará “de forma despiadada”, Hollande recuerda al George W. Bush posterior al 11 de septiembre de 2001. Todos los ataques se concentrarán contra el Estado Islámico, y para ello Francia intentará que Rusia, defensora del régimen de Bashar el Assad, sume sus recursos militares a los franceses y estadounidenses. Ello hace pensar que El Assad ganará un margen precioso para mantenerse en el poder. Ya no importa que sea él quien más muertos causa en la guerra, ni que fuera él quien liberara a los yihadistas encarcelados en Siria. La destrucción del Estado Islámico se ha convertido en un objetivo nacional para Hollande.
En el ámbito interior se anuncia una batería de medidas que incluyen una reforma de la Constitución para que el estado de emergencia no implique la cesión de poderes excepcionales al Ejército, como actualmente prevé la ley, redactada hace 60 años durante la guerra de independencia en Argelia; la contratación de 5.000 nuevos policías y 2.500 nuevos funcionarios para las prisiones y los juzgados; la retirada sistemática de la nacionalidad francesa a las personas con doble pasaporte implicadas en actividades terroristas; la eliminación de ciertas trabas al uso de armas de fuego por parte de la policía; y, como se esperaba, la ampliación por al menos otros tres meses del estado de emergencia decretado el viernes. Esta medida permite, entre otras cosas, que la policía practique registros y detenciones sin tutela judicial.
Otra nueva ley permitirá simplificar los trámites para expulsar de Francia a los imanes que predican la violencia. Eso es un simple guiño, o un brindis al sol: casi todos esos imanes se han ido ya, y los sermones yihadistas se realizan a través de Internet. Más relevante será la nueva reglamentación que se aplicará a los ciudadanos franceses que acudan a combatir en Siria. Hasta ahora existía sobre ellos un simple control administrativo. En adelante podrán ser encarcelados de forma automática y privados de la nacionalidad, si poseen también otra.
La reacción francesa tendrá consecuencias en toda la Unión Europea. François Hollande proclama que “la seguridad está por encima de la estabilidad”, es decir, del control presupuestario. Cualquier guerra cuesta grandes cantidades de dinero. El despliegue en Siria y el robustecimiento de la policía en territorio francés elevarán el déficit ya importante de las cuentas públicas francesas, y difícilmente podrán oponerse Berlín y Bruselas: dado que para Hollande su país está en guerra, invocará de ser necesario los artículos de los tratados de la Unión que establecen una solidaridad automática de todos los demás miembros cuando uno de ellos es atacado.
También puede haber efectos en materia de inmigración. Aunque Hollande se limita a exigir más control en las fronteras externas de la Unión, la oposición conservadora reclama que se limite también el movimiento de personas dentro de la zona Schengen, es decir, entre los países europeos, y con elecciones presidenciales el año próximo el presidente socialista no querrá parecer menos duro en esta materia que sus rivales de la derecha y la ultraderecha.
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