Las evidencias de la compra de votos por parte del PRI para favorecer a Enrique Peña se diluyen conforme pasa el tiempo y sólo quedan como referencia los documentos que, sin ser probatorios, nos llevan a pesar que, en efecto, Soriana, Monex y demás tuvieron una participación di­recta en los comicios.

Sin embargo, la percepción y la certeza de muchos se topa con la muralla de la acreditación del delito y si la compra de votos es, en sí, un delito.

Mostrar las credenciales de Soriana o de Monex como evidencia del delito no tiene solidez si no se acompaña del movimiento económico de la misma, de quién la adquirió y cuándo y cómo le llegó al supuesto beneficiario. De nada sirve que señalemos que no somos imbéciles y que nos damos cuenta si no podemos acompañar ese dicho de evidencias.

Hace unos 20 años, en Campeche se acusó al ex gobernador Jorge Salomón Azar García de proteger el narcotráfico en Campeche. Se armó una campaña y un senador local, Guillermo del Río, trató de procesarlo usando recortes de periódicos como evidencia del delito.

Hoy, se usa también ese argumento para darle consistencia a la queja, pero se olvidan que los medios no son elementos de probidad jurídica y no son ellos los que definen si se cometió un ilícito o no.

Azar acudió a la PGR, le pidió lo investigara a él y a toda su familia y la dependencia, dirigida entonces por el panista Antonio Lozano Gra­cia, dio al traste con la campaña, iniciada en un medio lesionado en sus ingresos porque ese gobernador no cedió a los chantajes que incluyeron difamaciones no sólo a esa administración sino a la familia del Ejecutivo.

Hoy, de nuevo vemos que la defensa, pero esta vez de una elección presidencial, se quiere basar en recortes de periódicos, en videos e imá­genes que no son elementos de demostración legal de un ilícito.

En Campeche, como en todo el país, los partidos políticos derrotados deberían estar centrados hoy en ver la elección que viene, en analizar con frialdad y hasta crueldad el porqué de los resultados que lograron y si, como dicen, hubo irregularidades, prepararse para probarlas y de­mostrarlas.

Para nadie es mentira cómo opera el PRI y sus dirigentes, para nadie es tampoco mentira que todos hacen los mismos operativos pero que, pa­ra su desgracia, muchas veces ganan los que más gastan y que ha habido ocasiones en los que, ni con ese gasto, se logran los triunfos esperados.

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Baste preguntarnos si consideramos que Carlos Felipe Ortega Rubio tuvo menos dinero que Carlos Rosado Ruelas para operar su elección; si tuvo menos capacidad de movilización, si no tenía el respaldo del go­bernador y de su partido. La respuesta tiene matices según uno quiera pero van desde ese gasto inmenso que no sirvió para nada cuando se hace una mala campaña, o se tiene un mal candidato, o se ha hecho un pésimo papel. Como se quiera ver.

 

Quienes entran a una contienda electoral deben de tener claro que se enfrentan no sólo a un candidato sino a una estructura política, a una derrama económica y a una serie de factores que inciden en los comi­cios. El que entre y no esté prepa­rado para ganar o para perder, pues que no entre, que se quede en casa.

En Campeche, durante el pro­ceso, nadie fue golpeado, amagado con armas o secuestrado para que no votara. Que hubo carrusel, que hubo acarreo, que hubo desayunos, pues sí y se sabía que los habría pe­ro ¿realmente son un delito? ¿No se pueden vacunar contra eso? ¿No se le ha ganado al PRI a pesar de eso?

Las elecciones no son perfectas, los partidos tampoco y los candi­datos menos y muchos de ellos son perfectos desconocidos para la población y otros están ahí porque representan el interés de cúpulas y de grupos, pero no necesariamente el de los ciudadanos.

Los periódicos, los canales de Teve o radio no son y menos quie­nes en ellos trabajamos, autoridades legalmente constituidas para legiti­mar o legalizar una acción y menos una elección. Además, ¿realmente se pueden robar una elección pre­sidencial y ganar una gubernatura, perder una diputación federal o ga­nar una fórmula al senado?

Conforme pasan los días es más difícil entender que quienes se ro­ban una elección dejan pasar a unos si y a otros no. Sería muy sofistica­da la operación para filtrar los datos, los números.

Los insultos, las agresiones y des­calificaciones a quienes tenemos la obligación de sujetarnos a los he­chos, pero además a las evidencias, no harán cambiar una elección que, nos guste o no, ya se definió.