He escrito en muchas ocasiones que criticar sin proponer es como escupir contra el viento. El domingo que me enteré del aumento del costo del transporte urbano lo primero que me pasó por la cabeza fue pensar en lo doloroso que sería para la economía de los usuarios habituales. Siete pesos parecen poco pero si se toman dos camiones al día para ir al trabajo o escuela estamos hablando de 14 pesos de ida y 14 de vuelta dando un total de 28.00 y si usamos el salario mínimo (63.77) como referencia estaríamos hablando de 43.90% solo en transportación. Doloroso para la cartera del usuario.

El hecho de que durante cuatro años no se aumentara el precio del servicio de transporte urbano considerando que el aumento en el combustible es una constante, se debe principalmente al subsidio del gobierno del estado a los concesionarios. Sin embargo, y a pesar de mi primer pensamiento por el aumento del precio, el gobernador a través de su cuenta de Twitter dio una información que aunque parezca intrascendente es de una gran relevancia: CERO subsidio a los concesionarios. Eso cambia todo el sentido y toda la forma de ver el transporte público.

Tengamos en cuenta que el subsidio también es pagado por nosotros por medio de los impuestos y si bien el transporte urbano es de beneficio a la sociedad general, es realizado por empresarios dedicados a ello y deben como cualquier proveedor de servicios brindar un servicio de calidad. Sin embargo, el hecho de que estos concesionarios sean los únicos que proveen el servicio nos deja en una total indefensión ante la mala calidad que brindan. Al retirarse la subvención y permitir el aumento de tarifas en el transporte, también se les retira el argumento de que están amarrados de manos para poder mejorar. Si lo vemos de una manera fría, es una decisión difícil, pero es, a su vez, una que debe traer un beneficio de manera inmediata en las condiciones en que se encuentra el transporte urbano.

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El IET debe en estos momentos fajarse los pantalones y convertirse en un verdadero organismo regulador. Ya basta de pretextos y de dilaciones, si el concesionario no provee un servicio de calidad al usuario debe perder su concesión. Se deben establecer rutas definidas y evitar las paradas cada esquina (eso también nos compete a nosotros y nuestra comodidad de hacer parada donde estemos), deben de fijarse horarios de salida y llegada y por supuesto, las unidades inseguras deben de desecharse y cambiarse por nuevas. El transporte urbano es un servicio sí, pero también es un negocio y uno muy bueno. Lamentablemente, los usuarios no estamos recibiendo un servicio acorde.

La decisión fue difícil pero tenía que hacerse. Seguramente no será una decisión popular, pero si deseamos desarrollarnos como estado y mejorar nuestro nivel de vida se deben en ocasiones tomar decisiones impopulares de beneficio general y no obstante, muchas veces se posponen por “el costo político”.

La decisión de quitar el subsidio se me hace una maravillosa medida, cierto, el costo se traslada al usuario pero lo que se ahorre debe destinarse a una mejora sustancial de los ciudadanos. Ahí es donde tenemos que observar detenidamente, ahí es donde el gobierno y en especial el IET debe de tener absoluta transparencia pues aunque adecuada la decisión, es por la afectación, impopular y si no se cuida lo ahorrado en el subsidio o no se ve una mejora en el servicio o una correcta supervisión del IET solo tendremos gato por liebre.

El gobernador siempre ha dado la cara por las decisiones populares e impopulares y ha aceptado las consecuencias pero, en esta ocasión, quisiera que el responsable del IET diga esta boca es mía y nos explicará el proceso de determinación y las acciones a seguir para la mejora inmediata. Debe hacerlo pues es su responsabilidad.