Las leyes de Estados Unidos (Ley Wilberforce) requieren llevar a tribunales los casos de las y los niños migrantes, para determinar si deben o no ser deportados. El proceso lleva entre dos o tres años y en ese tiempo los menores indocumentados se entregan a sus padres o parientes que viven en Estados Unidos o también a familias de acogida mientras dura el proceso.

El trámite judicial no implica la amnistía o el reconocimiento de un estatuto que termine por otorgarles los papeles, pero esto sí ha hecho creer a mucha gente de Guatemala, El Salvador y Honduras de que una vez que un menor se interne a territorio estadounidense finalmente terminará por conseguir la residencia.

La gran mayoría de los menores después de dos o tres años, cuando termina el proceso, son deportados. La actual explosión migratoria de niños y niñas centroamericanos solos, de acuerdo a la ACNUR, obedece, en la mayoría de los casos, a que los padres residentes en Estados Unidos han contratado polleros, para que les lleven a sus hijos.

Cualquier menor sin papeles, de un país no fronterizo, a más tardar a las 72 horas debe pasar al Departamento de Salud y Servicios (DHS) y en un poco menos de un mes son liberados y entregados a sus familiares a que esperen el juicio de migración de una corte especializada en esta materia.

En 2013, el 98% de los menores indocumentados procedentes de Centroamérica no fueron deportados y sus casos siguen el proceso que marca la ley. Así, en el ejercicio fiscal pasado de las 50,000 niñas y niños migrantes sólo 2 mil, el  dos por ciento, fue devuelto a su país de origen, por la Oficina de Restablecimiento de Deportados (ORR).

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Para 2012, el requisito de contar con un familiar lo cumplió el  62% y en 2011 estuvieron en ese caso el 57% de los menores. Según la Unidad de Viajes Ilícitos de la Unidad de Análisis del DHS, la principal razón del incremento de la migración de menores solos ha sido el no haberlos deportado de manera inmediata lo que despierta ilusiones en los padres de si llegan a Estados Unidos obtendrán la residencia.

Las autoridades estadounidenses quieren acelerar el proceso de deportación, pero necesitan más recursos y una aplicación distinta de la ley. En los últimos 10 años los efectivos de la Patrulla Fronteriza crecieron de 10,000 a 20,000, pero mantienen a los mismos 246 jueces encargados de los juicios de migración. En 1998 ya había 129 mil casos rezagados y se han incrementado.

Jorge G. Castañeda propone (Reforma 03.07.14), desde la perspectiva de México, tres medidas que pueden ayudar a resolver este problema de fondo: presionar la reforma migratoria; ventilar las presiones a las que está sujeto México  de parte de Estados Unidos y de los países Centroamericanos; convertir realmente a Centroamérica en la prioridad de la política exterior.