La frontera de la política

Estado de Derecho, un término que repiquetea ahora sin cesar. Lo he escuchado casi tantas veces más en la coyuntura actual de nuestro país que a lo largo de toda mi carrera de Ciencia Política. ¿Qué queremos decir cuando escuchamos que México necesita fortalecer el Estado de Derecho?

México de la comunicación social impecable, de los reconocimientos internacionales, de la atracción de capital, del “Mexican moment”, atraviesa hoy una crisis de credibilidad hacia la clase política causada por una altísima percepción de corrupción, falta de rendición de cuentas, de injusticia, pero especialmente porque la misma clase política muestra inconsistencias y un discurso desesperado en lugar de asumir una agenda conjunta de acciones para salir de la situación.

Las reformas estructurales liberalizaron la economía, es decir, abrieron los mercados a la competencia del que quisiera entrar a la jugada. En lo político, en contraste, no fortalecieron las instituciones del Estado de Derecho. Con los cambios en materia electoral es obvio que no alcanza. Hemos concebido a México democrático desde las reformas electorales, pero es una columna vertebral insuficiente. Por sí sola no sostiene ni a la democracia electoral aunque sí se reconoce el impacto positivo de muchas de ellas. Acaso ¿la reelección combatirá los chapulines o los cuadros que se acomodan en las listas legislativas? ¿La fiscalización de los recursos de los partidos políticos se dará con rigor finalmente? ¿La entrada en vigor de la reforma penal generará más confianza en la justicia?

El Congreso de la Unión aprobó un muy ambicioso paquete de reformas y lo aprobó con mayorías, es decir, con multipartidismo. En este sentido la corresponsabilidad es de todos. Lo que sucede es que ahora la situación, que abrió el contenido de la caja de Pandora, genera sensación de hartazgo en la ciudadanía y ante una comunicación política que no puede contenerlo, las fuerzas políticas están con retóricas de enfrentamiento y de culpas.

Según Ferrajoli, uno de los referentes principales del Estado de Derecho, se entiende como Estado constitucional de derecho a aquel que no se limita a programar solo las formas de producción del derecho a través de normas procedimentales sobre la elaboración de leyes, sino también contenidos sustanciales vinculándolos normativamente a principios de justicia – igualdad, paz, tutela de los derechos fundamentales- positivamente inscritos en las Constituciones.  Como bien sostiene el politólogo Ruíz Valerio, esta definición conlleva cinco consecuencias. Sin embargo, a efectos del argumento nos centraremos en una de ellas. La concepción de Estado de Derecho como Estado constitucional de derecho cambia fundamentalmente la relación entre el derecho y la política ya que la política se convierte “en instrumento de actuación del derecho, sometida a los vínculos que le imponen los principios constitucionales”. Límites y vínculos no solo frente a los órganos ejecutivos y judiciales, sino frente al propio legislativo. En otras palabras, el derecho constitucional es la frontera de la política. ¿Lo es sustancialmente en nuestro país?

Así como hubo acuerdo para el Pacto por México, que todas las fuerzas políticas, el congreso, el ejecutivo, todos los niveles de gobierno, asuman dentro de los márgenes del Estado de Derecho Constitucional la responsabilidad de una agenda de fortalecimiento del mismo Estado de Derecho, y que lo hagan efectivo, no retórica o de forma. Es difícil concebirla en un escenario pre electoral como el que se avecina en el 2015 donde lo que tiende a prevalecer es la pulverización de los apoyos sobre los consensos, pero es necesario para el manejo de crisis. En  un estado de todos contra todos, donde nadie asume su verdadera responsabilidad, poco y nada se puede hacer.

Voluntad política, agenda conjunta, transparencia y rendición de cuentas, liderazgos, gobierno horizontal para que los tres poderes operen para lo que fueron creados y no de manera vertical, impartición de justicia con imparcialidad y equidad, compromiso permanente de la ciudadanía, pero especialmente el imperio de la ley, Estado de Derecho y más Estado de Derecho. Al final de cuentas, éste es el límite de la política, si esta última lo traspasa, ya no es constitucional.