Jorge Luis Lavalle Azar
Columna Invitada
Jorge Luis Lavalle Azar

Ha sido director general del Nacional Monte de Piedad; de Auditoría Gubernamental de Secogef; y de Programación, Organización y Presupuesto de la SHCP; delegado regional del Infonavit, presidente del Congreso del Estado de Campeche, coordinador general de Asesores; secretario de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico, así como consejero en bancos diversos.

@Jorgellavalle

Impunidad… ¿y cinismo?

Voces, Jueves 21 mayo, 2015 a las 2:56 pm

Mucho escándalo mediático con la nueva legislación anticorrupción, como si fuera algo nuevo. Parece que ya se olvidó que desde 1917 se establecieron mecanismos de control, fiscalización y evaluación de la Hacienda Pública a través del Departamento de Contraloría, organismo dependiente del Presidente de la República.

En 1940 se expidió la Ley de Responsabilidades, se actualizó en 1980 donde se sancionaba el enriquecimiento de funcionarios y los delitos comunes. En 1982, ante la exigencia de la sociedad por la inmoralidad en el manejo de recursos públicos y la creciente corrupción, se implementó el programa de “renovación moral de la sociedad”, se creó la Secretaría de la Contraloría, las Contralorías internas, las Estatales y las Municipales, se expidió el Código de Ética de los Funcionarios Públicos (el artículo 47 es muy claro en lo referente a “conflicto de intereses”) y se modificaron una serie de leyes para combatir la corrupción y acabar con la impunidad.

Hoy, en 2015, tal parece que se está inventando el hilo negro con la “Sistema  Nacional Anticorrupción”. Seamos serios. Si se aplicara la legislación existente, todos los delitos que se han cometido en los últimos 30 años debieron sancionarse y no se hizo, simplemente la voluntad política se mantuvo por encima de la ley. Una nueva legislación, no muy diferente a las anteriores, no significa nada si no se aplica. La pregunta es ¿Por qué no se empieza dando el ejemplo?, ¿Por qué no se aplican las leyes existentes que ya establecen sanciones a los delitos cometidos?

El director de Observatorio México señaló que el problema de la corrupción este año ahuyentó inversión extranjera directa por 1,100 millones de dólares. Expertos estiman que la pérdida por impunidad y corrupción ha costado al país 86 mil millones de dólares en los últimos 10 años.

México, en un estudio reciente de la ONU sobre el nivel de impunidad en 59 países, ocupó el segundo lugar; solo en Filipinas hay mayor impunidad que en nuestro país.

No castigar un delito significa impunidad y fomento a la corrupción. El país no requiere el anuncio de más leyes contra la corrupción que nadie cumple y a nadie se castiga, lo que necesita es certidumbre y acciones concretas para hacer cumplir las leyes que nos rigen.

 Si no es por una cosa es por otra, pero la percepción de la población es que la gran mayoría de los funcionarios entran con recursos modestos y salen millonarios, sus fortunas al salir son muy superiores a lo que oficialmente cobran de sueldo, no se necesita una auditoría, salta a la vista… Y parece no importarles, como que están seguros de que la impunidad prevalecerá sobre cualquier ley.

De mantenerse la tendencia de justificar la corrupción como un problema cultural y no actuar con apego a la ley, el Sistema Nacional Anticorrupción recientemente aprobado solo nos traerá mayor burocracia, más simulación y más gasto, en cuanto a la impunidad y la corrupción se mantendrán intocables.

Hagamos un enunciado de delitos que se han señalado en los últimos meses y los que se han mantenido en la mente de la población:

En algunos casos Gobernadores, en otros Presidentes Municipales o sus funcionarios, favorecen a contratistas y proveedores con sobreprecios que llegan a duplicar el costo de obras y adquisiciones; se construyen presas con dinero público para sus ranchos; se llevan 10, 20, 30 miles de millones de pesos y más de endeudando a sus Estados; desaparecen y matan estudiantes; mandan quemar bodegas y terminan quemando guarderías; se construyen o adquieren casas que cuestan 4, 5 y más veces que sus ingresos legales de todo el sexenio; usan aviones pagados con recursos públicos para que esposa e invitadas vayan de “Chopin”; engañan diciendo que rinden cuentas y los organismos responsables se prestan a la simulación; se coluden con grupos delictivos y narcos; admiten que roban pero poquito; organizan fiestas millonarias y no justifican el origen de los recursos; compran bancos y manejan los recursos del Estado a través de ellos; manipulan medios de comunicación usando dinero del erario; el moche y la tranza no se castigan y prevalecen sobre la atención de necesidades sociales y crecimiento económico… Dice el Presidente que va a combatir la corrupción, pues ya sabe por dónde empezar… ¿Para cuándo?