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Una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó ayer reabrir la controversia limítrofe que Quintana Roo y Campeche sostienen desde 1996 por la creación en este último del municipio de Calakmul y la jurisdicción sobre una franja de 10 mil 500 kilómetros cuadrados.

Margarita Luna Ramos admitió a trámite una controversia constitucional promovida por los tres Poderes de Quintana Roo para impugnar el decreto del 31 de diciembre de 1996 por el cual el Congreso de Campeche creó que el municipio mencionado, que abarca tierras motivo de disputa desde principios del Siglo 20.

La Ministra también emplazó al Ejecutivo federal y a los Poderes de Campeche para que contesten la demanda en 30 días hábiles, así como al Estado de Yucatán y los municipios de Calakmul y Holpechén con el carácter de terceros interesados.

El decreto de 1996 fue motivo de una controversia previa, iniciada en 1997, pero la dificultad técnica, histórica y operativa de aclarar un tema de este tipo impidió al máximo tribunal dictar sentencia en los ocho años que tuvieron abierto el caso hasta 2005

Una reforma de ese año le otorgó al Senado la facultad de resolver estas disputas, y en el transitorio, se aclaró que sería esta Cámara la que por decreto legislativo fijaría los límites tratándose de controversias que estaban en trámite previo ante la Corte.

Sin embargo, los legisladores tampoco resolvieron el problema hasta que, en 2012, una nueva reforma le devolvió la facultad a la SCJN, aunque los expedientes de la controversia original nunca fueron devueltos a ésta, que en 2013 resolvió que no le correspondía solicitar su envío.

Como no tiene en su poder los expedientes previos, es probable que tendrá que empezar de cero, lo que podría llevar a que el juicio otra vez se prolongue durante años.

La controversia no solo permitirá examinar el decreto de 1996, sino también otro de 1940, expedido por el Presidente Lázaro Cárdenas, que le reconoció a Campeche la jurisdicción sobre cuatro localidades vecinas a Quintana Roo, de ahí que el Ejecutivo federal será parte del litigio.

Luna Ramos también aceptó revisar  dos hechos recientes:

Una orden de desalojo notificada el 26 de diciembre por la Policía Ministerial de Campeche en contra de 40 familias del municipio quintanarroense de Othón P. Blanco.

Además, la orden de efectuar un censo de escuelas públicas del Estado de Quintana Roo que se ubiquen en la localidad 16 de septiembre, en Othón P. Blanco, con la lista de nombres de los alumnos y sus calificaciones, para un “proceso de preinscripción” a escuelas públicas de Campeche.