Desde el anunció en el mes de abril de que llegarían al estado elementos de le Gendarmería Ambiental, para prevención de delitos y faltas administrativas en materia de protección al medio ambiente, combate a la tala ilegal, venta de animales en peligro de extinción, solo han reportado el decomiso de 112 piezas de madera aserrada en Campeche.
Y es que de acuerdo a una publicación de un medio nacional, en abril de 2016 se lanzaron los operativos para consignar los crímenes contra la biodiversidad en 177 Áreas Naturales Protegidas (ANP), en zonas del país que no han sido alteradas por los seres humano o que necesitan ser “preservadas y restauradas”. Entraron en operación 750 elementos divididos.
Señala que la misión que les fue encomendada no se refleja de manera positiva en sus resultados durante este lapso, de acuerdo con documentos y expertos consultados.
Donde hasta el momento sólo han habido labores de prevención, decomiso y detención en cinco estados de la República (de 22 que cuentan con ANP), lo que se traduce en atención a 22.7% de la biodiversidad.
Así mismo destaca que el número de detenciones revela que sólo hubo una por cada 107 elementos y no se entregó información de faltas administrativas, de acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia.
Seguidamente señala que los casi mil gendarmes (detallan los oficios) decomisaron 513 objetos, entre los que se encuentran piezas de madera, ejemplares de fauna silvestre y subproductos de la misma, así como 40 kilogramos de totoaba, de abril de 2016 al mismo mes de 2017, según la Policía Federal.
En donde los especialistas consideran que en lugar de crearse una Gendarmería se debieron ampliar las facultades de investigación, capacitación, persecución, así como el aumento de inspectores para consignar los delitos ambientales. Incluso, estas recomendaciones forman parte del reporte de la misión de la Unidad contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (Unodc).
En julio de 2016 se firmó la Misión de la Gendarmería Ambiental de la Policía Federal (PF), que consistiría en “garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, para proteger el derecho fundamental de las personas a tener un medio ambiente sano y sustentable”.
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