Una fuente de la CFE, que pidió anonimato, explicó a Golpe de Timón cuál es la situación real en el conflicto sobre la tarifa y el pago de semáforos en la ciudad de Campeche. Fue directo: “Pese a que el cobro por Derecho al Alumbrado Público (DAP), que ronda el 8% de pago, fue declarado anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta la fecha esta tarifa continúa cargándose al consumo de los clientes”.

Está especificado, desde que se creó el impuesto, que “este dinero se usaría para el suministro de energía eléctrica, para el servicio a semáforos, alumbrado y alumbrado ornamental, de calles, plazas, parques y jardines públicos. Además se entrega a los municipios para que realicen sus pagos, pero en muchas ocasiones usan el recurso para otros gastos”.

En Campeche no hay registros, pero en varias partes del país se han organizado grupos de ciudadanos para ampararse y evitar el pago del Derecho al Alumbrado Público, tras considerar que es un servicio público. En Campeche además, a las arcas del Ayuntamiento entran los pagos de multas de todas las personas detenidas en la vía pública, por alteración del orden público, y también el pago de gastos generados por accidentes que dañen vías de comunicación o infraestructura pública.

La historia del pago de los semáforos es larga. Según el funcionario de la CFE, en 2016 detectó que los equipos de semaforización de la ciudad de Campeche se encontraban conectados de manera directa y sin contratos en el sistema de facturación de la CFE. La CFE hizo un estimado de deuda de 900 mil pesos aproximadamente. En septiembre del 2018 se volvió a generar una notificación de que el sistema de semaforización continuaba sin contrato y aumentó la cifra de 496 mil pesos más.

La CFE habría decidido unilateralmente que lo pagara la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. El funcionario reconoce que fue una decisión que se tomó a la ligera sólo bajo el criterio de que la SSP tiene bajo su mando la Dirección de Vialidad.

Sobre este procedimiento, el 27 de febrero pasado la CFE notificó mediante el oficio ZCAM/007/2019 a la Dirección de Vialidad que se debía el pago del sistema de semaforización. El 11 de marzo la CFE recibió como respuesta que “no es responsabilidad de la SSP el pago del servicio de semáforos y que es responsabilidad del Ayuntamiento”, por tratarse de un servicio del alumbrado público contenido en los recursos que recibe el municipio del pago del 8% del DAP.

Diez días después, el Ayuntamiento de Campeche fue notificado sobre el pago que debía realizar para los semáforos y que el día 26 de marzo procederían a cortar el servicio. Dicho y hecho. Ese día seis cruces de la ciudad amanecieron sin servicio de semáforos.

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En una reunión privada en el Ayuntamiento de Campeche se reunieron la tesorera, Claudia Cetina; el síndico jurídicio, Alejandro Durán; y el consejero jurídico, Cesar Martin, y decidieron cuál sería la postura que llevaría el Ayuntamiento ante la CFE. La primera era no hacer nada para que se interrumpiera el servicio y hacer creer que no era su responsabilidad, mostrando una factura que la CFE había girado a la Dirección de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, sin considerar que la CFE también incurría en una falta.

El pasado 1 de abril en las oficinas de la CFE hubo una reunión entre la CFE, autoridades del gobierno estatal y municipal. Según reportes de la prensa llegaron los secretarios de SSP, Jorge Argáez; de Administración, Gustavo Ortiz; el subsecretario de Gobierno, Alejandro Medina, y otros.

Por parte del ayuntamiento llegaron, con 45 minutos de retraso, la tesorera, el síndico jurídico y el propio consejero jurídico. Además el superintendente de la CFE, Octavio Castillo, y el jefe de departamento de procesos comerciales, Diego Tus.

Tras más de una hora, no hubo acuerdos. El Ayuntamiento aceptó que el pago debía realizarlo el municipio, pero esa decisión debía tomarla el presidente municipal. Como si fuera una decisión a criterio y no lo que está establecido. La fuente de la CFE advirtió a este espacio que el problema si bien lo generó la CFE, el municipio lo está evadiendo bajo el argumento de que no tiene recursos para pagar lo que se debe.

¿Y el 8% que pagan todos los clientes de la CFE? Bien, gracias. La estrategia del Ayuntamiento ha sido desconectar el servicio del alumbrado público en algunas zonas de la ciudad para ahorrar pagos a la CFE. El Ayuntamiento para 2019 tiene una asignación de más mil 100 millones de pesos. A lo que se suma la recaudación por pagos de agua potable, Predial y otros impuestos municipales.

Sorprende los pagos que se hacen a empresas yucatecas que ofrecen servicios al Ayuntamiento, así como el salario de algunos directores que llegan a los 100 mil pesos mensuales, según funcionarios del propio municipio. Y todavía, mientras corre el séptimo mes del primer año, no ha iniciado una sola obra municipal. Por mucho el peor arranque de una administración municipal en décadas. No lo dicen y no lo dirán, pero el pago de los semáforos está a punto de volver a estallar. Al tiempo.