“La ‘nepotitis’, es el síndrome del actual gobierno del estado de Campeche y prueba de ello es el recomendado ‘mirrey’ Arturo Bravo Muñoz, que lleva una vida de lujos a costa de su madre Marcela Muñoz Martínez, actual secretaria de Seguridad Pública en Campeche, pues los viajes al extranjero, motocicletas carísimas, relojes lujosos y fiestas exclusivas difícilmente podría costearlos con su trabajo pues apenas ostenta un cargo como funcionario público en su registro laboral.

El recomendadisimo e inexperto abogado, actual miembro del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (CocodiI), presume en redes sociales sus viajes a zonas turísticas de Italia y Perú, trajes y relojes de lujo además de dos motocicletas con un costo de 500 mil pesos o superior, como una BMW R 1200 y una Ducati 1260, sin embargo, este funcionario ‘mirrey’ no presume sus logros académicos pues en el prontuario de Transparencia no cuenta con maestrías o doctorados en derechos, ni cursos relacionados con el cargo que desempeñará.

Mientras Bravo Muñoz recibe un trato favorable por el fiscal Renato Sales Heredia para ocupar un cargo sin tener los méritos, con tal de que siga con su lujosa vida en Campeche, capital en el que hay 91 egresados de la carrera de derecho en la Universidad Autónoma de Campeche, con la misma experiencia laboral que Arturo Bravo, pero sin oportunidades para competir justamente por un cargo público.

Con la declaración de Renato Sales Heredia, Fiscal del estado de Campeche, donde acepta abierta y descaradamente que Marcela Muñoz Martínez le recomendó a su hijo Arturo Bravo para que ocupara el puesto dentro del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (CocodiI), deja claro que la funcionaria quebranto el artículo 45 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Campeche.

Que marca textualmente: XVII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios, hecho por el cual, según marca la propia ley, es posible un juicio político en su contra que resulte en inhabilitación, pero con el Congreso controlado por Morena, este escenario es imposible.

Redacción.