Associated Press
MADRID (AP) — Las víctimas de un conocido fármaco que provocó graves malformaciones en miles de bebés en todo el mundo denunciaron el miércoles que el laboratorio alemán que lo fabricaba siguió distribuyéndolo en España hasta seis meses después de haber sido retirado en 1961 del mercado por sus efectos secundarios.
La talidomida era un potente sedante que fue recetado entre los años 1950 y 1960 para combatir las náuseas que padecen las mujeres en los primeros meses de embarazo. Como resultado, los niños de las madres que tomaron el medicamento nacieron con piernas y manos más cortas e incluso en los casos más graves sin extremidades ni caderas.
El fabricante alemán Gruenenthal retiró la talidomida en noviembre de 1961. Comenzó una larga batalla judicial entre los afectados y el laboratorio en países como Alemania, Reino Unido y Australia. Gruenenthal pidió oficialmente perdón a las víctimas el año pasado.
España no se considera uno de los países más afectados por la talidomida, que fue comercializada en el país ibérico bajo la marca Softenon. Sin embargo, 200 víctimas agrupadas en una asociación demandaron al laboratorio en febrero de 2012 y ahora aseguran disponer de pruebas documentales que demuestran que el fármaco siguió en el mercado hasta seis meses después de su retiro en noviembre de 1961.
Según la Asociación, los documentos evidencian que se pudieron llegar a fabricar entre 3 y 6 millones de pastillas o dosis con los 150 kilogramos de talidomida que había almacenada en España cuando teóricamente el medicamento ya estaba prohibido.
Al margen de las pruebas, mantienen que en España nacieron niños con las malformaciones propias de ese principio activo en años muy posteriores a esa fecha, por lo menos hasta 1965.
“Queremos recuperar la dignidad que el laboratorio alemán nos arrebató antes de nacer”, dijo José Riquelme, presidente de la Asociación de Víctimas de Talidomida en España, en rueda de prensa.
Por su parte, Gruenenthal rechaza esta acusación. Frank Schonrock, vicepresidente para asuntos corporativos de la compañía, dijo a The Associated Press que se ordenó a la distribuidora retirar el producto del mercado español al mismo tiempo que en Alemania.
Una de las particularidades del caso español, a diferencia de otros países, es que la compañía distribuidora del fármaco era propiedad del laboratorio y no una empresa independiente.
Riquelme dijo que pudo llegar a haber hasta 3.000 afectados en el país ibérico. Muchos de ellos murieron y otros ni siquiera saben que la talidomida fue el origen de sus problemas de nacimiento.
Las nuevas evidencias serán presentadas en el juicio que tendrá lugar el 14 de octubre en Madrid. La asociación exige a al laboratorio una compensación de 208 millones de euros (273 millones de dólares). La cantidad se calculó multiplicando por 20.000 euros (26.335 dólares) el punto porcentual de minusvalía reconocido a cada uno de los demandantes.
Ignacio Martínez, abogado de la asociación, dijo que Gruenenthal llegó a ofrecer un pago de 120.000 euros (185.050 dólares) al año para los 200 demandantes pero fue rechazado.
En otros países europeos los afectados cobran pensiones de entre 600 y 7.000 euros (690 a 9.219 dólares) al mes.
“No somos ingenuos. Luchamos contra un gigante”, afirmó Martínez. “Pero sí que esperamos ganar”.