Previo a las elecciones intermedias del domingo pasado, ya había por lo menos dos exmandatarios estatales investigados por actos de corrupción y daños al patrimonio de sus estados. Pero hoy, a una semana y tras confirmarse los resultados electorales, se suman otros tres gobernadores que podrían ir a parar en la cárcel.
Se trata de los exmandatarios de Nuevo León y Sonora, así como de los aún gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, cuatro del PRI y uno del PAN, en donde los cambios de partido en el poder impidieron el ocultamiento de sus ‘transas’ durante sus administraciones.
Los cinco gobernadores acechados por la prisión son los priístas César Duarte Jáquez, Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Angulo y Rodrigo Medina de la Cruz (Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Nuevo León), así como el panista Guillermo Padrés Elías (Sonora), todos ellos señalados por haber cometido delitos durante sus administraciones.
Así las cosas ¿Alguna duda de por qué el sentido del voto del pasado domingo 5 de junio?
DESVÍOS EN VERACRUZ
En Veracruz, las cosas están que arden. La alianza PAN-PRD no solamente arrebató al PRI la gubernatura, sino que le quitó un bastión que no perdía desde hace 86 años y que constituye el tercer estado con el padrón electoral más alto del país.
El candidato ganador, el panista Miguel Ágel Yunes, ya advirtió que el aún gobernador Javier Duarte de Ochoa irá a la cárcel porque hay elementos más que suficientes para que esté ahí.
Para Yunes, “sería injusto, sería ilegal y sería contrario a la ética política que yo llegara al gobierno y que me olvidara de lo que sucedió, cuando Duarte se va con las bolsas llenas y quiere dejar un Veracruz empobrecido, endeudado, en manos de la criminalidad, es un hecho de justicia para los veracruzanos”.
Tan sólo en cuanto a sus bienes, el gobernador de Veracruz cuenta con propiedades con valor de más de 3 mil millones de pesos.
“El hecho de que Javier Duarte de Ochoa vaya a la cárcel no será por una cacería de brujas, sino más bien observa la existencia de un enriquecimiento ilícito y vil que provocó que murieran niños en los hospitales e inseguridad”.
Pero no sólo eso, Yunes Linares señaló que las pesquisas que su gobierno emprenderá incluirán los últimos 12 años, es decir, abarcarán el gobierno del también priísta Fidel Herrera.
“Se sancionará a quien haya saqueado las arcas públicas y estará obligado a devolver lo que robó al gobierno de Veracruz”, refirió el panista.
Explicó que de los más de 35 mil millones de pesos desviados en tres años, denunciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sólo en la Cuenta Pública del 2015 fueron más de 14 mil millones los desviados.
EN CHIHUAHUA, compra de un banco
El aún senador panista con licencia, Javier Corral Jurado, logró la victoria electoral en Chihuahua para su partido y derrocó al PRI. Pero su principal promesa de campaña y que le dio gran antidad de votos la tiene muy clara y vigente: Para legitimar mi gobierno, César Duarte Jáquez debe ir a prisión.
“No tiene vuelta de hoja, estoy convencido que para poder reconciliar la diversidad política en la unidad debemos pasar por el encarcelamiento de César Duarte. La sociedad chihuahuense no encontraría motivos verdaderos para unificarse si primero no se hace justicia, debe haber una dosis de reconciliación, pero también una buena dosis de justicia para que de una vez el pasado se vaya”.
Fue hace más de un año cuando se interpuso una denuncia formal ante la PGR en contra de César Duarte Jáquez por el delito de enriquecimiento ilícito, lo que además abrirá un proceso penal en el ámbito estatal por otros delitos del fuero común relacionados con el desvío de recursos.
Esa vez, Corral Jurado encabezó a un grupo de 30 senadores del PAN, PRD y PT que exigieron a la PGR, a la SHCP, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, iniciar una investigación en contra del gobernador priísta de Chihuahua por peculado y enriquecimiento ilícito.
¿La razón? La compra, por parte de Duarte Jéquez, del 15% las acciones del Banco Progreso Chihuahua, para lo cual tuvo que hacer una inversión de 65 millones de pesos y “los ingresos del gobernador no justifican ni son suficientes para realizar esa inversión”.
DE Q. ROO A ‘DEPAs’ EN DUBAI
Quintana Roo era otro bastión priísta… hasta el domingo 5 de junio, cuando los ciudadanos dijeron que no quieren más PRI en el gobierno y eligieron con amplia mayoría al candidato de la coalición PAN-PRD, Carlos Joaquín González, quien a su vez ya anticipó que llegará hasta las últimas consecuencias y no descartó mandar a la cárcel al actual gobernador tricolor, Roberto Borge Angulo.
Cumpliré con mi ofrecimiento de revisar a fondo el “profundo endeudamiento” que tiene Quintana Roo, cuya deuda ‘contable’ creció un 200 por ciento en el actual sexenio, para llegar a 21 mil millones de pesos, pero habría otra deuda ‘oculta’ que sumaría 25 mil millones.
El virtual ganador de Quintana Roo reveló, además, que las auditorías se harán a los últimos 12 años de gobierno, por lo que no sólo es tema de Borge Angulo, sino también de su antecesor, Félix González Canto, a quienes podría llevar “a la guillotina”.
Dijo que lo primero que tendrán que hacer será ubicar las presuntas obras públicas realizadas por 22 mil millones de pesos, que simplemente no aparecen por ningún lado.
Pero también incluirán el rastreo de propiedades y cuentas, incluso en el extranjero, ante la presunción de que Félix y Borge compraron bienes en destinos como Dubai, a costa de las arcas quintanarroenses.
“Lo hemos oído. Es clamor popular que hay empresas que las han comprado los gobernadores; que si tienen departamentos en tal o cual lugar, que han construido, comprado, que si han hecho negocios… lo dice la gente”, señala Joaquín González.
‘OPERACIÓN TORNADO’ y MEGASAQUEO
Unos dos días antes de las elecciones del 5 de junio, el gobernador dde Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, anunció el embargo precautorio de propiedades de su antecesor priista Rodrigo Medina de la Cruz, a quien se le encontró como uno de los responsables de una red de ilícitos contra el erario, con un daño patrimonial por 3 mil 600 millones de pesos.
De esa anterior administración tricolor, también son procesados, por actos de corrupción, los alcaldes priistas en funciones Heriberto Treviño, de Benito Juárez, y Miguel Ángel Lozano, de Pesquería.
En la misma situación se encuentran los legisladores federales Federico Vargas y Ramón Villagómez, todos del PRI. El gobierno de ‘El Bronco’ promueve, además, un juicio político contra ellos para desaforarlos y proceder en su contra.
En total, en esa investigación denominada Operación Tornado, anticipada por El Bronco desde que anduvo en campaña, son objeto de investigación el exgobernador, dos diputados federales, dos alcaldes en funciones, cinco exservidores públicos, 10 empresarios constructores e inmobiliarios, dos funcionarios bancarios, así como familiares y socios de los servidores públicos y de los hombres de negocios.
Todos ellos son acusados de peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones, ejercicio indebido de funciones y coalición.
El gobierno neolonés decidió solicitar al juez la orden del embargo precautorio, que le fue otorgada, debido a que detectaron que Medina de la Cruz, quien gobernó el estado entre 2009 y 2015, había comenzado a inscribir sus propiedades a nombre de familiares cercanos.
Además, en el rubro de obra pública, cuya inversión total en el sexenio fue de 40 mil millones de pesos, existen irregularidades financieras por falta total o parcial de comprobantes de pago; facturas duplicadas y que no corresponden a las estimaciones; pagos adicionales sin soporte y anticipos por obras no realizadas, con un total de desvíos por 2 mil 300 millones de pesos.
PANISTA, HASTA 29 AÑOS EN PRISIÓN
Guillermo Padrés Elías, exgobernador panista de Sonora, tampoco canta mal las rancheras, al ser acusado de enriquecimiento ilícito, delito por el que se presume podría alcanzar hasta 29 años de prisión.
La PGR integra una averiguación previa en contra del ex mandatario panista, acusado de ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de la justicia.
De ser encontrado culpable, el ex gobernador de Sonora podría ser sentenciado a una condena de hasta 29 años de prisión, sin derecho a fianza, e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ese mismo periodo de tiempo.
Padrés Elías falló a un citatorio de la PGR por lo que será multado con 50 salarios mínimos equivalentes a 3 mil 50 pesos, lo cual no representa nada para Padrés Elías pues ese dinero podría gastarlo en un desayuno en un restaurant o dejarlo de propina porque quedó muy sobradito de lana.
Pero si Padrés falla en los siguientes dos citatorios, sería llevado a comparecer con e la fuerza pública.
Los delitos por los que es investigado el ex mandatario estatal panista son: ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de justicia, y según denuncias del gobierno estatal los desfalcos podrían sumar hasta más de 30 mil millones de pesos en su sexenio.
De ser encontrado culpable, esto es lo que le espera a Padrés: Según el Código Penal Federal el delito de ejercicio indebido del servicio público (Art. 214), se castiga con hasta siete años de prisión y siete años de inhabilitación; ejercicio indebido de funciones (Art. 220) con 12 años de prisión y hasta 12 años de inhabilitación; mientras que los delitos contra la administración de la justicia (Art. 225) alcanzan una pena de 10 años de prisión y 12 años de inhabilitación.
Actualmente al ex gobernador Padrés lo investiga la Fiscalía Anticorrupción por el delito de enriquecimiento ilícito, procuraduría que lo citó a declarar y tampoco llegó.
Abel Efraín Durán Reyes
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