Sí habrán sanciones e inhabilitaciones contra exfuncionarios corruptos que cometieron irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, ratificó ayer el contralor estatal Joaquín Santiago Sánchez Gómez.
Como se recordará, fue a inicios de diciembre cuando el contralor reveló que, por violaciones al marco normativo que rije la ejecución de obra pública en el estado, se decretó la inhabilitación por diez años a tres exfuncionarios de la anterior administración estatal, además emitió nueve amonestaciones, cuatro suspensiones temporales del empleo y tres sanciones económicas.
Esa vez, sin mencionar nombres ni detallar las irregularidades cometidas y las áreas en las que se cometieron, Sánchez Gómez también informó que se iniciaron otros 14 procedimientos administrativos y 3 procedimientos administrativos disciplinarios, por diversas faltas y omisiones en el cumplimiento de la Ley de Servidores Públicos.
Ayer, el titular de la Secretaría de la Contraloría (Secont) precisó que las investigaciones siguen su curso y que habrá más inhabilitaciones y amonestaciones.
Insistió en que la orden del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas es cero tolerancia a la corrupción, tanto para los exfuncionarios como para los actuales servidores públicos.
“Lo que es un hecho es que se están llevando a cabo procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los exservidores públicos locales acusados por faltas administrativas e irregularidades en la ejecución de recursos destinados a obras”, señaló.
Sin embargo, aunque Sánchez Gómez, por las limitaciones de ley, no ha dado a conocer a quién y por qué se investiga, existen al menos dos denuncias públicas en contra de exfuncionarios públicos.
La primera fue hecha por el alcalde de El Carmen, el panista Pablo Gutiérrez Lázarus, en contra de su antecesor, el priísta Enrique Iván González López, por el presunto desvío de 175 millones de pesos.
La segunda fue interpuesta por el secretario general del PRD, Luis García, en contra de los exdirectores de la Administración Portuaria Integral (API), Fernando Sadek Abad y David Uribe Haydar, por defraudación al erario público por un monto de hasta mil millones de pesos.
La Secont no ha dado a conocer si estos funcionarios son parte de los que investiga por irregularidades.
Roxana Vázquez Campos
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