Al menos 10 entidades del país están llegando al límite para poder financiar sus pensiones, entre ellas Campeche, advirtió la consultoría Aregional, según un reportaje de Reforma.
Se trata de entidades federativas que tienen reservas para cubrir el pago de pensiones sólo para los siguientes cinco años, informó Flavia Rodríguez, directora general de la consultoría. Dichas entidades son Campeche, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Tabasco.
Además, los que presentan crisis más fuertes, que son Querétaro, Colima y Morelos, ya que no tienen sistema de pensiones y este gasto lo están cubriendo con las participaciones del ramo 28, que son aquellas que los estados pueden utilizar para los rubros que quieran, añadió Reforma en nota de Jessika Becerra.
De acuerdo con Reforma, en el caso de Querétaro, el pago de pensiones se disparó de 314.02 millones de pesos en 2013, a 520 millones de pesos en 2015. Para este año, el Estado deberá desembolsar 579 millones de pesos.
Y es que en esta entidad estuvo permitido hasta hace poco tiempo que los trabajadores se pensionen a las 45 años de edad, lo que genera que el Gobierno los financie por más de 30 años, con rentas mensuales que llegan a superar el sueldo del gobernador.
En tanto, en Morelos, el gasto por pensiones creció de 389 millones de pesos en 2013, a 477.75 millones de pesos en 2015, mientras que en Colima subió de 399.22 a 420.94 millones de pesos en ese mismo periodo.
Flavia Rodríguez indicó que es urgente que estos tres estados creen una institución de seguridad social o se asocien al Issste o al Imss para tener un sistema de pensiones.
A la vez, señaló que es urgente que se eliminen los beneficios que los trabajadores tienen por Ley. Por ejemplo, en Nayarit y Durango, los trabajadores se pueden retirar con sólo 28 años de labores y lo están haciendo entre los 53 y 58 años de edad.
Rodríguez expuso que de no tomar medidas, los estados tendrán menos recursos para enfrentar el pago de pensiones, ya que hay menores ingresos petroleros en el País, lo que afecta las participaciones que reciben los estados.
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