La frase, muy usada popularmente, puede ser doblemente aplicada a los diputados del Congreso del Estado. Por un lado, su actuación desinteresada le está costando la vida, o los está condenando a una vida miserable, a cientos de animales domésticos y salvajes. Por otro, más parecen concentrados en otros temas y actividades que en las demandas ciudadanas que, en teoría, es su razón de ser como representantes sociales.
La indignación social por el retraso a una reforma de ley sobre la protección de los animales en la entidad es grande y con lapsos de enormidad cuando ocurren casos como los de ‘Bruno’, el gatito de una niña de 14 años que vivió el trauma de su vida al encontrarlo en la sala de su casa con una flecha clavada en la sien.
Pero no es el único. Según organizaciones ambientalistas y asociaciones dedicadas a velar por los derechos de los animales, los casos comprobados y documentados de maltrato animal han ido en aumento en los últimos cinco años: en el 2011 se presentaron 73 quejas, 97 en el 2012, 201 en el 2013, y 270 en el 2014.
Aunque el tema está latente con la aparición de tortugas muertas en el Malecón, perros atropellados en las calles, mascotas abandonadas en las casas, pájaros enjaulados vendiéndose en el mercado 8y no precisamente el negro), la molestia se eleva a niveles inauditos cuando imágenes y videos como los de ‘Bruno’ se vuelven virales en las redes sociales.
La pregunta es, ¿si desde el 2013 existe una iniciativa sobre la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Campeche, por qué no se ha abordado en las sesiones legislativas, discutido y aprobado?, ¿Hay algún interés de índole económico, político o partidista para ‘congelarla’?
Y, la más importante, ¿si los diputados del Congreso del Estado son nuestros representantes, a la vez que empleados, por qué en vez de atender la avalancha de quejas ciudadanas y de exigencias para sacar una ley que es tan necesaria como urgente, solamente parecen estar cazando pajaritos?
Hay que precisar, sin embargo, que no todo es culpa del Congreso. Y no es, como muchos dicen, que Campeche carezca de un marco legal para sancionar a ciudadanos irresponsables en el manejo de sus mascotas y en el cuidado de la fauna silvestre. En realidad Campeche cuenta con leyes en la materia desde hace por lo menos 18 años.
En 1997 la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Campeche; en el 2000, por fin, tres años después, se publica el reglamento para esa misma ley; y en el 2008 se aprueba y publica la Ley de Vida Silvestre del Estado.
Es decir, por un lado existe el problema de la indiferencia para actualizar y modernizar el marco legal adecuado para proteger a la fauna y, por otro, no existe la voluntad política para investigar y sancionar a quienes violenten las leyes vigentes.