El secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, y el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Armando Toledo Jamit, salieron a “explicar” a los campechanos que los fajos de billetes que recibieron en maletines o bolsas de papel, un mes previo a la elección que ganó la hoy gobernadora Layda Sansores, fue para apoyar a los pobres y necesitados.

En sus redes sociales, los dos funcionarios del actual gobierno, involucrados en los videoescándalos difundidos por Televisa en su noticiero En Punto, en los que se ven recibiendo fajos de dinero, fijaron su postura que, por políticos, periodistas y ciudadanos en general, ha sido calificada de cínica y desvergonzada.

Victimizándose, Pozos Lanz calificó los videos como “una guerra sucia” y “una campaña que trata de nuevo detener los avances de la 4T”. Explicó que fue senador del 2016 al 2018, y como gestionar recursos para la gente es responsabilidad de todo legislador, procurar apoyos para la gente es totalmente genuino y ha sido siempre su misión desde que tiene actividad pública.

Con un argumento que expone que pese a sus años de experiencia en la administración pública y como legislador no conoce las leyes mexicanas y campechanas, Pozos admitió que, a veces, los gobiernos apoyan con dinero en efectivo a los legisladores para que distribuyan entre las necesidades de la población.

Es increíble que Pozos no sepa, o más bien que actúe con tanto cinismo y dé esa explicación sin considerar que esa acción constituye varios delitos por el manejo de recursos públicos, como desvío de recursos y peculado, por mencionar algunos.

Fue así como el titular de Seduc trató de deslindar a Layda Sansores del video más popular de su carrera política, señalando que la gobernadora ha actuado con legalidad.

“En Campeche todos nos conocemos, no somos iguales, son calumnias y ataques en medio de una guerra política”, dijo, haciéndose la víctima.

Por su parte el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Armando Toledo Jamit, dijo que el video data de cuando fungía como secretario de Desarrollo Rural, y en ese entonces, cuando había una crisis en las comunidades rurales, acudían a hacer gestión con el gobernador, y en algunos casos les otorgaban “ampliación presupuestal” y en otros por la urgencia y la necesidad eran citados al Palacio, “acudiendo de manera institucional para recibir dinero en efectivo para ser dispersados a los demandantes”.

Pero, como Pozos, Toledo no cuidó sus palabras. Dijo que la mayoría de esos recursos se dieron para el pago de seguros catastróficos por desastres naturales, lo cual es falso porque los seguros catastróficos eran pagados por una empresa privada licitada por el Gobierno y no por funcionarios del gabinete.

Como sea, lo cierto aquí es que los argumentos son cínicos de los funcionarios del gabinete de Layda.

Nadie reparte apoyos sociales entregándolo a funcionarios públicos de esa forma. Siempre hay reglas de operación, comprobaciones y burocracia. Ese dinero fue sacado de las arcas estatales en medio de la opacidad y su uso es igual de poco claro, aunque no difícil de saber.

Redacción.