Los Martes del Jaguar de octubre y noviembre del 2021 fueron casi monotemáticos. El gobierno de Layda Sansores se estaba estrenando, apenas unos días antes había iniciado el sexenio morenista y su bandera de campaña y eslogan de gobierno era la lucha contra los corruptos.

Comenzó con su antecesor directo, Carlos Miguel Aysa González. Y no le fue difícil encontrar un motivo: la obra de Ciudad Administrativa llevaba un gasto de más de 790 millones de pesos, fue entregada con apenas un 60 por ciento de avance y, para colmo, había sido construida por Aysa González en terrenos privados que no pertenecían al Gobierno. Esas y otras irregularidades fueron exhibidas a detalle por Layda y su secretaria de Obras Públicas.

Lo que nadie sabía entonces era que, en realidad, había otro fondo y las denuncias tenían otra motivación: la coerción política que el Gobierno estatal ejerció sobre Aysa González.

El olvido y el silencio que ahora aplica el mismo gobierno que antes denunció con entusiasmo los actos de corrupción del exgobernador sustituto, parecen confirmarlo.

Al mismo tiempo que crecía la presión política del gobierno de Layda contra Aysa, a quien amenazaban con cárcel, el Gobierno Federal anunciaba la incorporación del exgobernador a la lista de posibles embajadores, en su caso, en República Dominicana.

Sólo bastaron unas semanas para que el tema desapareciera de los shows de los martes y, poco después, el encubrimiento fue total cuando el propio Gobierno del Estado contrató, el 25 de marzo de 2022, por un monto de un millón y medio de pesos, a la compañía Barreiro Construcciones SA de CV, para la elaboración y entrega de los planos arquitectónicos de Ciudad Administrativa que debió de haber dejado la administración anterior como parte de la obra.

Wilmer Delgado.