Agencia AP

MEXICO (AP) — El máximo órgano electoral declaró el jueves infundada la impugnación con la que la izquierda buscaba que se anularan los recientes comicios presidenciales, en los cuales resultó ganador Enrique Peña Nieto, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación allana el camino para que el PRI, que gobernó el país de 1929 al 2000, vuelva al poder luego de su histórica derrota hace 12 años.

Por unanimidad, los siete magistrados del tribunal avalaron un proyecto que estableció que las pruebas presentadas por la izquierda son insuficientes para concluir que hubo irregularidades que alteraran los resultados de la elección del 1 de julio pasado.

“Es infundada la pretensión de invalidación de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos planteada por la coalición Movimiento Progresista”, señaló el presidente del tribunal José Alejandro Luna luego de la votación final en referencia a la alianza de tres partidos izquierdistas que postularon a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

El fallo es inapelable.

Aún falta que el tribunal electoral anuncie el cómputo definitivo de los comicios y posteriormente declare al ganador como presidente electo.

El próximo mandatario asumirá el poder el 1 de diciembre para el periodo 2012-2018.

Luego de la votación, Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter que ahora “es momento de iniciar una nueva etapa de trabajo en favor de México”.

El vocero del PRI, Eduardo Sánchez, dijo a The Associated Press que el fallo significa que ha terminado la competencia.

“En el PRI estamos conscientes que existe gente muy valiosa y muy talentosa en todos los partidos políticos, y que hay muy buenas ideas y soluciones a nuestros problemas”, comentó.

El debate de los magistrados ocurrió mientras afuera de las instalaciones del tribunal manifestantes se pronunciaban contra la posible validación de la elección y coreaban consignas como “¡No a la imposición!”. Otros alzaban pancartas como una en la que se leía “México votó. Peña no ganó”.

Después de que la mayoría de los magistrados se pronunciaron por no anular la elección, unos 100 manifestantes arrancaron y derribaron algunas vallas metálicas con las que se resguardan las instalaciones del organismo, aunque no lograron ingresar hasta el interior del recinto.

Jóvenes universitarios convocaron para el viernes a una marcha “fúnebre” en la ciudad de México, para protestar porque a su juicio el fallo del tribunal mostró que “la democracia ha muerto”.

López Obrador, el candidato presidencial de la izquierda que quedó en el segundo lugar de los comicios, sostenía que Peña Nieto se vio favorecido por una compra de al menos cinco millones de votos, por la cobertura de medios de comunicación, el uso de encuestas como propaganda, y por presuntamente haber rebasado el límite de gasto de campaña.

El izquierdista no se había pronunciado.

Para cada uno de los señalamientos de la izquierda, el proyecto señaló que las pruebas eran insuficientes o infundadas.

“Verificamos si en verdad se habían comprado cinco millones de votos”, dijo el magistrado Salvador Olimpo Nava, uno de los tres miembros de una comisión que elaboró el proyecto. “Vimos que no se acreditaban estas pruebas”, aseguró.

Flavio Galván, otro de los magistrados que participó en la redacción del proyecto, afirmó que la mayoría de los elementos presentados por la izquierda son “vagos, genéricos, imprecisos”.

Los magistrados Pedro Penagos, María del Carmen Alanís, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco y José Alejandro Luna también se pronunciaron por desechar la impugnación.

“No hay acreditamiento de las irregularidades”, afirmó González.

El conteo de las elecciones dio a Peña Nieto 38,21% de los votos; seguido por López Obrador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que obtuvo 31,59% de los sufragios.

“En el proyecto se propone desestimar la pretensión de nulidad de la elección de presidente”, señaló un funcionario del tribunal que leyó la propuesta de la comisión de tres magistrados.

El PRI ha negado haber incurrido en irregularidades y ha arremetido contra el izquierdista por no reconocer su derrota, como ocurrió en 2006 cuando López Obrador también compitió por la presidencia y desconoció los resultados al argumentar un fraude en su contra.

De confirmarse el proyecto, el procedimiento legal señala que el Tribunal Electoral tendrá que realizar una nueva sesión para anunciar el cómputo definitivo de los comicios y posteriormente declarar al ganador como presidente electo.

En 2006, cuando el conteo de la elección también lo colocó en el segundo lugar, López Obrador impugnó los comicios y previo a que el tribunal resolviera encabezó bloqueos y cierres viales en la ciudad de México.

Esta vez el izquierdista no ha hecho lo mismo, aunque algunos grupos sociales, incluidos estudiantes universitarios, han realizado marchas callejeras para protestar contra lo que ven como una “imposición” de Peña Nieto.

López Obrador sostiene que el PRI compró al menos cinco millones de votos, se vio favorecido por medios televisivos, utilizó encuestas como propaganda y rebasó el límite de gasto de campaña, lo cual probaría que las elecciones no fueron libres y equitativas, como lo marca la constitución.

El PRI, por su parte, ha arremetido contra López Obrador por no aceptar su derrota y lo acusó ante los órganos electorales de uso irregular de dinero al presuntamente recibir recursos de gobiernos de izquierda.

La ley prohíbe recibir dinero de gobiernos.

El PRI gobernó perdió por primera vez la presidencia en 2000 a manos del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Los críticos del PRI lo ven como un partido que podría intentar reinstaurar viejas prácticas de corrupción y autoritarismo.

Peña Nieto ha sostenido que pertenece a una nueva generación de políticos y se ha comprometido a ejercer un gobierno democrático.