Un conflicto artístico y administrativo sacude a la CDMX
En el corazón de la Ciudad de México, la controversia se ha desatado tras la remoción no autorizada de una emblemática escultura en la colonia Tabacalera. La pieza, que representaba una escena entre Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro, fue retirada el pasado 16 de julio, desencadenando una serie de reproches y acusaciones entre diversas autoridades locales.
El Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (COMAEP), el ente responsable de la supervisión de este tipo de intervenciones, ha levantado la voz al no ser consultado previo a esta acción, lo que ha llevado a pedir formalmente a la Contraloría General de la capital que investigue el caso.
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Detalles del retiro y las consecuencias administrativas
Según el COMAEP, la administración liderada por Alessandra Rojo de la Vega, de la alianza, ejecutó el retiro de la obra sin seguir los procedimientos legales correspondientes. La falta de autorización y la omisión de los pasos establecidos ha sido calificada como una acción irregular que contradice la normativa vigente.
En respuesta a este acontecimiento, durante una sesión que tuvo lugar el 23 de septiembre, todos los miembros del comité acordaron unánimemente que se deberían deslindar responsabilidades. La alcaldía, por su parte, ha sido señalada por no haber gestionado adecuadamente la situación, ignorando las consultas necesarias que determinarían el futuro de la emblemática escultura.
Reacciones y posición de las autoridades
En medio de este escándalo, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) ha reiterado la importancia de cumplir con la ley para cualquier instalación, reubicación o retiro de monumentos. Esta entidad subraya su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y artístico, así como la protección de los espacios públicos.
Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México ha criticado la manera en que se manejó el retiro de la obra, enfatizando que no se siguieron los protocolos debidos. La alcaldesa defiende su posición argumentando que la adquisición de la escultura en 2017, por un monto de 600 mil pesos, se realizó sin el adecuado uso del capítulo presupuestal y con recursos que pertenecían a la administración delegacional de aquel entonces, encabezada por Ricardo Monreal.
El monumento, colocado inicialmente en 2017 bajo estricto cumplimiento de la normatividad, ahora se encuentra en el centro de un debate que no solo cuestiona las decisiones administrativas recientes sino también la transparencia y el respeto por las normas que rigen la gestión de los bienes culturales de la ciudad.
Este incidente no solo ha generado un conflicto entre autoridades locales, sino que ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor claridad y rigor en los procesos administrativos que involucran el patrimonio artístico y cultural de la Ciudad de México.
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Ángela Martínez es periodista especializada en noticias nacionales y análisis político. Con más de 10 años de experiencia, se distingue por su objetividad y profundidad. Apasionada por la verdad y el periodismo de investigación, trabaja para mantener a los lectores informados con datos verificables y contextos amplios.